El TSJM había decidido no admitir los recursos presentados por la Consejería de Sanidad y las empresas adjudicatarias contra la suspensión de la privatización. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado en rueda de prensa que deja sin efecto la privatización de seis hospitales públicos de la región. Además, ha aceptado la dimisión de su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que renuncia al cargo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no admitiera a trámite sus recursos para salvar el proceso.
En la rueda de prensa, que se ha podido seguir en directo en el espacio ‘Más vale tarde’ de La Sexta, González ha explicado que renuncia a sus pretensiones privatizadoras por entender que “la falta de definición no puede seguir estando”. En alusión a la medida cautelar de suspensión que fue decretada hace siete meses y que seguía vigente. Un tiempo que al entender del presidente madrileño “no parece razonable”.
A pesar de la derrota, González ha defendido que la privatización de ciertos ámbitos de la sanidad pública “es un modelo legal y posible que ya practican todas las administraciones públicas”. Sin embargo, ha vuelto a achacar a la “situación de incertidumbre” que mantenía suspendidos los contratos de cesión con las empresas adjudicatarias la decisión de “dejar sin efecto este proceso” de privatización.
Una vez anunciada la paralización definitiva del proceso, más allá de lo que finalmente pudiera anunciar el TSJM, el presidente madrileño ha anunciado que había aceptado la renuncia presentada por el consejero Lasquetty, cabeza visible de todo el proceso de privatizaciones que ahora toca a su fin. El ya exresponsable de la cartera regional de Sanidad comparecía en la rueda de prensa junto a su líder de Gobierno.
Lasquetty será sustituido en el cargo por Javier Rodríguez Rodríguez, actual portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, según se ha avanzado en la comparecencia de esta tarde de lunes.
Entre los motivos que los magistrados habían argumentado una vez más para dejar en suspenso el proceso apuntaban que los cálculos de ahorro de la Comunidad son “meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad”. Y añaden que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego se anulara “afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid”. Además, han esgrimido que el interés público exige “proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse”.
Dos de los sindicatos profesionales que habían llevado el proceso privatizador ante los tribunales, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), se han apresurado a celebrar estos anuncios en sus perfiles en la red social Twitter. Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, ha calificado la noticia como “un enorme triunfo de la Marea Blanca” y “el comienzo del final de la privatización de la sanidad pública” en declaraciones a ‘Más vale tarde’.
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