Un particular ha presentado una denuncia acusando a la empresa concesionaria, la Junta de Castilla y León y el Banco de Inversiones de ser responsables de estas anomalías. La Comisión Europea y el Ministerio de Economía han iniciado una investigación para averiguar si ha habido irregularidades en la financiación del Hospital Universitario de Burgos. Ambos organismos han comenzado las pesquisas ante la denuncia presentada por un particular en agosto de 2013, en la que se acusa a la empresa concesionaria de la obra, a la Junta de Castilla y León y al Banco de Inversiones de ser responsables de estas anomalías.
El centro fue edificado y equipado por una sociedad anónima que engloba a empresas financieras, de servicios y constructoras, entre ellas una sociedad limitada participada por empresas de Méndez Pozo y Arranz Acinas, según informa la Cadena SER, que recuerda que esta UTE se encargó del trabajo a cambio de la concesión de catorce servicios no asistenciales durante los próximos 30 años.
Según la denuncia que estudian tanto Bruselas como el departamento que dirige Luis de Guindos, se han vulnerado diversas directivas europeas y la Ley de Competencia porque en esta concesión la empresa adjudicataria tuvo un trato ventajoso.
Es más, el particular carga contra la Junta gobernada por el ‘popular’ Juan Vicente Herrera por no haber puesto freno al aumento del presupuesto inicialmente previsto para la obra, de 242 millones de euros, que fue ampliamente superado. Asimismo, critica que el plazo de 32 meses previsto para la ejecución del proyecto también se vio superado con creces, y pide que se investigue por qué el Gobierno de Castilla y León avaló en 2011, cuando todavía faltaba un año para la apertura del hospital, un crédito de 128 millones de euros a la empresa concesionaria en el Banco Europeo de Inversiones.
La Comisión Europea ha decidido examinar la denuncia para determinar si se abre un procedimiento de infracción, mientras que el Ministerio de Economía instruye un expediente por infracción de la Ley de Auditoría de Cuentas por no presentar a tiempo los números de 2011.
Tras la apertura de expediente por parte del departamento de Guindos, la empresa registró las mencionadas cuentas, aunque ello no ha evitado que el procedimiento siga adelante y pueda acabar en una multa de cerca de 300.000 euros.
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