El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de mutuas, por el cual las aseguradoras tendrán una mayor capacidad para intervenir en el absentismo laboral. Las mutuas harán un seguimiento de las bajas laborales desde el primer día y pedirán el alta cuando lo consideren oportuno, aunque el servicio público de salud tendrá siempre la última palabra al respecto, según ha anunciado la ministra de Trabajo, Fátima Bañez.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Báñez ha destacado que el servicio público de salud dispondrá de un periodo de 5 días para decidir si da el visto bueno o no a esa solicitud y ha añadido que en el caso de que no haya respuesta se entenderá que el trabajador supera esa incapacidad temporal, según informa Efe.
Esta es una de las normas incluidas en el proyecto de ley de reforma de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que, según Báñez, pretende mejorar la eficiencia en el control de las prestaciones, el absentismo, la mejora de la salud y la prevención de los riesgos laborales.
La ministra ha afirmado que el proyecto de ley clarifica el régimen jurídico de las mutuas, que está «muy disperso».
Con ello, se busca mejorar la eficiencia de los recursos públicos, ya que aunque las mutuas estén formadas por empresas de ámbito privado manejan dinero público.
Mejora de la gobernanza
Báñez ha indicado que otro de los objetivos de la nueva norma es mejorar la gobernanza y que, en línea con la ley de transparencia, habrá un control de los recursos de las mutuas y de los órganos de dirección.
En este sentido, ha asegurado que se controlarán también las retribuciones de los altos cargos y si se aprovechan los recursos ociosos de las mutuas.
Asimismo, ha recalcado que el 40% de los recursos no se usan y que se pondrán a disposición de convenios que puedan llevar a cabo con las comunidades autónomas o con la sanidad privada para mejorar los servicios del sistema nacional de salud.
Además, ha subrayado que el proyecto de ley hace posible que una prestación como cese de actividad sea una realidad y se pueda recibir a lo largo del tiempo.
La ministra ha señalado que el 82% de las solicitudes son denegadas y ha afirmado que ahora se cambia el sistema para dar esa prestación por la que cotizan los autónomos cada mes, lo que es, en su opinión, «un derecho».
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