Rajoy protegerá a las grandes fortunas del ataque fiscal de Bruselas

España no está ‘intervenida’, según el Gobierno, pero las sugerencias de Bruselas pesan en las decisiones de quienes gestionan un país que ha recibido un crédito europeo de 41.300 millones de euros para reflotar su sistema financiero. Las reformas son el nuevo caballo de batalla entre Bruselas y Madrid, con un Berlín vigilante que ha dejado el primer plano a la Comisión pero que controla todo el proceso. España, prestataria de un crédito de 41.300 millones de euros que necesitó para reflotar su sistema financiero, tiene que seguir las indicaciones de sus ‘prestamistas’. Y, aunque el país no esté intervenido formalmente, a veces, los acreedores actúan como si lo estuviera.

La exigencia pasa, además, por cumplir los objetivos de déficit fijados por la Comisión, que ya se suavizaron este año al elevar del 4,5% al 6,5% la cifra previstas. La secuencia posterior marca un 5,8% para 2014, un al 4,2% en 2015 y, por fin, un 2,8% en 2016. Y en Bruselas no están convencidos de que esas cifras estén al alcance de España.

Es más, en noviembre los comisarios advirtieron de un posible desfase de 35.000 millones de euros en tres años que se debería corregir. Subiendo los impuestos, claro. Creen, además que hay margen para hacerlo porque la recaudación fiscal española es una de las más bajas de la UE. En concreto, un 37,1% del PIB. Nada menos que 9,2 puntos porcentuales menos que la media europea.

Toca subir impuestos, por lo tanto. Pero el Gobierno español no puede permitirse otro titular en ese sentido. No, cuando defiende que lo ‘peor ha pasado’ y que los ajustes más duros se han efectuado ya. No, cuando el PP sigue de capa caída en las encuestas y hay elecciones cerca. Las europeas, que importan poco, pero también las locales, que atemorizan más.

En ese contexto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tiene una papeleta difícil. No puede seguir ‘exprimiendo’ a unas clases medias, o a la parte de las viejas clases medias que aún conserva el empleo, con nuevos ‘retoques al alza de los tipos del IRPF. Por el contrario ha prometido bajarlos en cuanto pueda. De modo que toca hacer un nuevo ejercicio de cuadratura del círculo.

Sobre todo, porque tampoco tiene fácil recurrir a la opción más obvia y recomendada por algunos expertos: aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas. Contribuyentes difíciles de capturar, sin nómina y, por lo tanto, libres de cualquier movimiento que se relacione con nuevas subidas del tipo máximo del impuesto sobre la renta.

A pesar de que hay muchos economistas que coinciden en que la reforma fiscal que necesita España debería empezar por ahí. En opinión del experto de Economistas frente a la Crisis, Manuel de la Rocha Vázquez, algunos impuestos deberían subir. En especial aquellos que ‘gravan la riqueza’.

Un esquema que pasaría por recuperar reformados los impuestos de patrimonio y sucesiones y «meterle mano» a las sicavs, esos vehículos de inversión que tributan al 1% y exigen un mínimo de 100 participes y 2,4 millones de euros de capital. Aunque también podrían ensayarse otras opciones como posibles impuestos que graven los pasivos bancarios, o el endeudamiento, según ciertas condiciones.

De la Rocha completa su visión de la reforma con la idea de que se necesita simplificar el actual sistema y la convicción de que también resulta indispensable que aumente la transparencia.

Hay, además, otros dos aspectos en los que cree que puede haber más coincidencias entre su opinión y el plan que llevará a cabo Rajoy: la eliminación de las deducciones del IRPF y las exenciones del impuesto de sociedades gracias a las cuales, hoy las grandes empresas tributan a un tipo menor que las pymes. Aunque este experto cree que habría que establecer un mínimo, por debajo del cuál ninguna gran corporación pudiera situarse.

También considera un acierto que se haya decidido suprimir la deducción por la compra de vivienda, sin ser partidario, sin embargo, de que se haga ahora con carácter retroactivo, como se ha insinuado en algunas informaciones periodísticas. Para De la Rocha, este tratamiento fiscal favorable a la adquisición de inmuebles supuso un incentivo para la creación de la burbuja, anima la compra y establece un agravio comparativo con quien paga un alquiler.

Con estas medidas, y un esfuerzo real en la lucha contra el fraude, según las estimaciones de Bruselas la economía sumergida en España equivale a un 24% del PIB, hasta podría aumentarse la cifra de renta que marca a la población exenta de pagar el IRPF para aligerar la carga de las familias con pocos ingresos.

Pero, como decíamos antes no parece que el Gobierno tenga intención alguna de modificar las fórmulas de tributación de las grandes fortunas. Lo mismo que no la tuvieron otros gobiernos anteriores de distinto color político.

Las opciones que baraja el Ejecutivo para sortear estas dificultades pasarían, según los expertos consultados por ampliar las bases imponibles, quitando deducciones y exenciones en los impuestos de sociedades y renta.

Tal vez, también en incluir el impuesto a las transacciones financieras, si la orden llega de Europa, por supuesto, la creación de alguna nueva tasa medioambiental y un cambio en el sistema de tributación por módulos que se ha quedado obsoleto y, en muchos casos, ya no tiene sentido.

Ese es el plan que se prevé en algunos trabajos de FAES y el que, en opinión de algunos expertos consultados por elboletin.com, inspirará el informe técnico que preparan ya algunos economistas cercanos al Gobierno, muchos de los cuáles han trabajado para la fundación del PP que preside José María Aznar.

Pero, según otros observadores consultados por este diario, sin más cambios en el IVA, con el pase de algunos productos que ahora tienen el tipo reducido del 10% al 21% y quizá otro pequeño aumento en el IRPF, la posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos se aleja.

Sobre todo, también porque, de momento, en la lucha contra el fraude no se ha avanzado casi nada. Por el contrario, el Gobierno abrió fuego decretando una amnistía fiscal, con poco efecto recaudatorio, apenas 1.200 millones, pero cuyo ejemplo no ayuda a convencer a los contribuyentes de la necesidad de cumplir conl as obligaciones tributarias. Y, además, en los últimos meses, se ha producido un deterioro de la imagen de la Agencia Tributaria que tampoco ayuda.

La posibilidad de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esté llevando a cabo una ‘purga’ entre los inspectores, más los presuntos tratos de favor que recibirían algunos clientes corporativos, las dimisiones de cargos de confianza recién nombrados por el propio PP, más algunos ‘papelones’ como los relacionados con el ‘caso Noos’ y la infanta Cristina, han hecho perder credibilidad a los hombres encargados de luchar contra el fraude. Y, quizá, para recuperarla haga falta mucho tiempo. Justo aquello que ahora no se tiene.

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