El SUP acusa al Gobierno de “poner la seguridad pública al servicio de la seguridad privada, que no deja de ser un negocio”, mientras que la AUGC advierte que es “una privatización encubierta”. La Ley de Seguridad Privada, aprobada ayer en el Congreso con el apoyo del PP, CiU y PNV, no gusta a la Policía y a la Guardia Civil. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han arremetido contra esta norma por ser un intento más del Gobierno de solucionar con seguridad privada las miles de bajas que se dan en las Fuerzas de Seguridad del Estado y que no se cubren.
El sindicato mayoritario en el Cuerpo de Policía no entiende qué ha motivado al Ejecutivo para proponer una ley que no es más que un guiño a las empresas de seguridad privada que no va a solucionar nada.
Y es que, en declaraciones a Servimedia, el portavoz del SUP, José María Benito, ha destacado que cuando los vigilantes detengan a alguien deberán avisar a las Fuerzas de Seguridad, por lo que, “al final, lo que se hace es poner la seguridad pública al servicio de la seguridad privada, que no deja de ser un negocio”.
Todo, mientras que las filas de la Policía se ‘desangran’. En cuatro años se van a perder 10.000 policía nacional por las jubilaciones y la ausencia de sustituciones, lo que hace que la plantilla merme considerablemente. Además, Benito ha recordado que mientras que se tardan dos años en formar a un agente, un vigilante está listo en un mes, con los problemas que esto puede conllevar con los nuevos ‘poderes’, como detener, que le otorga esta norma.
Mismas críticas se han escuchado desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Este colectivo está “rotundamente en contra” de esta ley, ya que es “una privatización encubierta” de la seguridad pública y abre la puerta a “policías baratos” y con menos formación.
“Estamos asistiendo a la privatización de la seguridad pública. Estamos dando carácter de autoridad a personas que no la tienen, creando policías baratos”, ha asegurado a EFE un portavoz de AUGC.
Para esta asociación de Guardias Civiles, “un vigilante de seguridad no está formado, con todos los respetos, para ser agente de la autoridad, porque no tiene la misma formación”. Sin olvidar tampoco que esto choca con una bajada “drástica” de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
“Hay un descenso muy importante, y este déficit cada vez más patente hace que en algunas demarcaciones de la Guardia Civil los vecinos se constituyan en patrullas ciudadanas”, han señalado desde la AUGC que manifiestan sus “serias dudas jurídicas de que un vigilante de seguridad pueda tener carácter de agente de la autoridad”.
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