La sombra de la inhabilitación planea sobre el juez Silva

¿Podría terminar inhabilitado el juez Elpidio José Silva como consecuencia de su batalla judicial contra el expresidente de Caja Madrid? Algunos expertos jurídicos creen que sí. La extraordinaria velocidad con que el juez encargado de la instrucción del llamado ‘caso Silva’ en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Jesús Gavilán, ha cerrado el proceso sin atender ni siquiera a todas las diligencias y recursos solicitadas por la defensa del magistrado ha levantado algunas suspicacias.

Ya hay quien encuentra paralelismos entre este asunto y la estrategia de acoso y derribo que acabó con la carrera de Baltasar Garzón. Y, señala, a título de comentario malicioso sin pruebas que lo justifiquen, que ese exmagistrado, lo mismo que sucede ahora con Elpidio José Silva, parecía haberse acercado al entorno del expresidente José María Aznar en su investigación de presuntos delitos.

El parlamentario de IU, Jesús Centellas, por ejemplo, ponía de manifiesto esta mañana su sorpresa ante esa rapidez a la hora de montar un caso contra Elpidio José Silva y la lentitud con la que, por ejemplo, avanzan las investigaciones judiciales relacionadas con Caja Madrid o Bankia. No era el único sorprendido.

Fuentes jurídicas consultadas por elboletin.com señalan que el auto de transformación emitido ayer por Jesús Gavilán tiene deficiencias, que creen fruto de la precipitación con la que se habría cerrado una investigación que encuentra indicios de delitos muy graves y que sería necesario argumentar con mucho más rigor.

Explican por ejemplo, que uno de los aspectos en que se basa Gavilán para fundamentar los indicios de prevaricación es la existencia de una posible investigación prospectiva como consecuencia de la Providencia de 7 de diciembre de 2012. Y aseguran que, en ese escrito, Silva acordó algunas diligencias que, en ningún caso, llegarían hasta el punto de configurar el título de imputación del delito de prevaricación.

Además, el auto de transformación no recogería indicios suficientes para justificar el paso a la denominada “fase intermedia”, sobre todo si tenemos en cuenta que en el delito de prevaricación el Tribunal Supremo exige que el juez dicte una resolución con una conciencia e intención deliberada de faltar a la Justicia, conciencia plena de la ilegalidad o arbitrariedad que pueda ser apreciada por cualquier ciudadano.

Incorrecciones

En el presente caso, según quienes defienden está opinión, nos encontramos, como mucho, ante algunas incorrecciones leves en la forma de algunas resoluciones. Circunstancia que puede apreciarse en cualquier instrucción, incluso en esta misma, pero, desde luego, no en el fondo de la instrucción de Silva, dirigida a la búsqueda de la verdad material y en la que se acordaron las diligencias oportunas en atención a la naturaleza de los delitos objeto de investigación.

Tampoco parecería demasiado establecido el delito de retardo malicioso, para cuya comisión es necesario que concurra una finalidad ilegítima que, hasta el momento, no cabe apreciar, por tanto no existe el posible retardo.

Una conjunto de detalles que hace sospechar a algunos observadores, quizá malintencionados, que se podría haber intentado cerrar el asunto aprovechando los cuatro meses de suspensión que tuvo que cumplir el juez Silva tras ser sancionado por el CGPJ en una primera escaramuza de la ‘guerra’ que Miguel Blesa mantiene contra él, desde que le encarceló.

Obviamente también hay análisis de signo contrario, realizados por fuentes jurídicas citadas en varios medios, que consideran inmaculado el auto de Galván y su constatación de que los hechos denunciados por el fiscal apuntan hacia la comisión de los delitos que le imputaban a Silva.

Pero fuera de estas discrepancias técnicas que deben evaluarse en el terreno adecuado, que no es otro que el que proporcionan los tribunales, unos y otros coinciden en que el juez Silva, que, probablemente buscará el sobreseimiento, está cada vez más cerca del banquillo.

En cualquier caso, lo más probable es que este magistrado, que volvía al trabajo ayer, precisamente, tras cumplir su ‘condena’ sea suspendido de nuevo cautelarmente a la espera de un proceso que podría retirarle definitivamente de la carrera judicial.

Fiscalía

La decisión del Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix Blázquez, de querellarse contra el juez por su forma de abordar el ‘caso Blesa’ ya causó conmoción en muchos ambientes que no acaban de comprender que el Ministerio Público le facilite las cosas a las defensas de unos particulares bajo sospecha.

Algunos comentaristas, creen lógico que unos presuntos acusados expriman al máximo las posibilidades que les ofrece el sistema legal para defenderse, pero no que el fiscal les ‘ayude’.

De hecho, las defensas de Blesa y Díaz Ferrán, el expresidente de la CEOE encarcelado, se personaron como acusaciones en esta querella tras su admisión a trámite, como si la fiscalía les hubiera hecho parte del trabajo.

Moix, además, es un conocido detractor del 15M, donde hay colectivos muy activos en la tarea de obligar a la justicia a que castigue a los ejecutivos responsables de la quiebra de las cajas de ahorros. Como Miguel Blesa, por ejemplo.

Antes de que Gavilán publicara su polémico auto contra Silva ya había adoptado algunas medidas controvertidas. Por ejemplo, había impedido que la defensa del magistrado tuviera acceso a los correos electrónicos de Blesa, por considerarlos privados.

Ahora, la defensa del juez Silva aún tiene aún algunas opciones. Entre ellas, la recusación del juez Gavilán, la queja ante la Fiscalía General del Estado por el comportamiento de Moix, pero en el entorno del magistrado se confía poco en el éxito de estas iniciativas. Creen que serán rechazadas.

Sin embargo, también barajan otras posibilidades, como recurrir a instancias internacionales. Tribunales que, desde su punto de vista, sin tantas ‘hipotecas’ políticas y económicas como los españoles, acabarán por darle la razón al juez Silva.

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