La infraestructura aeroportuaria saldrá a la venta por un precio de 100 millones de euros, una cantidad que deberá ser formulada en firme y tener un aval económico. El aeropuerto de Ciudad Real que costó levantar 1.100 millones de euros ha salido hoy a subasta. La administración concursal que gestiona el conscurso de acreedores del aeropuerto ha abierto el plazo para recibir ofertas interesadas en las adquisición de la infraestructura aeroportuaria, que se cerrará el próximo viernes 27 de diciembre.
El precio de venta se ha establecido en un mínimo de 100 millones de euros, una cantidad que permitiría a los promotores recuperar al menos el 10% del dinero invertido en esta construcción. Sin embargo, esta cifra está muy por debajo de su coste inicial que fue sufragado con capita privado (63%) y por la entidad Caja Castilla-La Mancha (los 400 millones de euros restantes), intervenida por el Banco de España por un agujero de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.
Según ha informado la administración que gestiona esta última fase del concurso de acreedores, el aeropuerto se pone a la venta de manera unitaria, es decir es una explotación indivisible. Entre los bienes que se ponen la venta está el propio aeropuerto con todos sus equipos e instalaciones, tanto muebles como inmuebles, los terrenos de la zona de uso industrial y los destinados a usos ecológicos como contemplaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Las condiciones impuestas para poder entrar a pujar por el aeropuerto son, además de una oferta mínima de 100 millones, la cantidad deberá ser formulada en firme y deberá tener un aval económico, bien en efectivo o a través de una entidad bancaria o aseguradora por importe del 5 por ciento del precio total ofrecido. Una vez finalizado el plazo de recepción de ofertas la administración concursal estudiará y valorará las que haya admitido y, posteriormente, seleccionará la que mejor se ajuste a los intereses del concurso, aunque también se valorarán los planes de negocio y sociales que se presenten.
Si al cierre del plazo de la primera fase, el aeropuerto no se hubiera vendido, los administradores tenían previsto abrir una segunda fase mediante la venta en subasta pública privada, en la que se fijaría un precio de venta mínimo entre 80 y 100 millones. Si en estos dos plazos no se llegara a vender la infraestructura aeroportuaria, entonces se llevaría a cabo una subasta judicial según contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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