La Marea Verde ha anunciado que seguirá con su lucha llevando a los juzgados los desarrollos normativos y los decretos de implantación de la LOMCE. Un “calvario jurídico”. En eso quieren convertir profesores, padres y estudiantes la aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) después de que sea aprobada por las Cortes gracias a la mayoría del PP. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha anunciado que inundarán los tribunales de recursos contra los desarrollos normativos y los decretos de implantación que aprueben el Gobierno y las comunidades para poner en marcha la reforma de José Ignacio Wert.
“Vamos a convertir en un calvario jurídico para el Gobierno la implantación de una reforma que consideramos injusta y regresiva”. Así lo ha indicado Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, durante la rueda de prensa que ha ofrecido la Plataforma Estatal por la Escuela Pública para anunciar la ‘gran marcha’ sobre Madrid que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre.
García ha asegurado que la Marea Verde llevará todas las medidas al “ámbito jurídico” y ha recordado que su organización ya denunció diversos artículos de la reforma educativa de Wert ante la Comisión Europea, al considerar que vulneraban la normativa comunitaria. Ahora, ha dicho, el colectivo en defensa de la escuela pública se plantea presentar recursos contra todos los “desarrollos normativos y los decretos de implantación que se aprueben para poner en marcha la LOMCE y que consideren contrarios a la Constitución.
Y en la misma línea se ha expresado Carlos López, secretario general del FETE-UGT, quien ha indicado que la Plataforma “propone desarrollar un calendario de movilizaciones” contra la implantación de la ley, que se llevará a cabo en los tribunales. Todo ello con el objetivo de “intentar que la vía jurídica sea también una vía de movilización, para que los ciudadanos conozcan los recursos y las propuestas para la nueva ley”, ha explicado.
López ha recordado que FETE-UGT puso un recurso ante la Defensora del Pueblo contra el Decreto de Becas impulsado por el Gobierno para endurecer los requisitos académicos para acceder a estas ayudas, ya que consideran que “rompe con la igualdad de oportunidades”, tras lo que ha anunciado que el sindicato recurrirá todos los desarrollos que “rompan” con la Carta Magna.
Por último, tanto CCOO como UGT han asegurado que pondrán a disposición de los grupos parlamentarios y la Defensora del Pueblo los informes jurídicos que han elaborado contra la LOMCE, con el objetivo de que los utilicen para promover una “cuestión de inconstitucionalidad” contra la reforma educativa de Wert.
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