El Bufete Almeida asegura que la Ley de Seguridad Ciudadana es un “globo sonda” para “amedrentar” a los ciudadanos que iría en contra de la Constitución. Jorge Fernández Díaz ha sumado un nuevo nombre en su larga lista de ‘enemigos’ con el anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que previsiblemente se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Abogados consultados por elboletin.com ha cargado contra el ministro del Interior por una norma que “demuestra la concepción franquista” del Gobierno.
“Es como si no hubiera Constitución”, ha asegurado Carlos Sánchez Almeida, del Bufete Almeida, que ha insistido en que se regresa así a los años del franquismo. Y es que, para este letrado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy trata de restringir la libertad de expresión y el derecho a reunión de los ciudadanos con una ley que, “según lo publicado, sería inconstitucional”.
“El texto real se desconoce, sólo se sabe el teletipo publicado ayer”, denuncia Sánchez Almeida que destaca que este gesto “demuestra el escaso respeto del Gobierno, ya que lo lógico y democrático hubiera sido publicarlo online”.
A falta de conocerse el articulado final de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que tienen claro desde este bufete es que “es una norma a medida del 15M”. Según el abogado, se “intenta combatir estas nuevas formas de movilización” con, entre otras cosas, multas millonarias, en referencia a la sanción de 600.000 euros por los ‘escraches’, las concentraciones no comunicadas o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad.
Una norma que nace para frenar las “protestas pacíficas” que han llevado a cabo los colectivos de indignados en los últimos meses siempre “de acuerdo con la Ley y con ella en la mano”. “Desde el Gobierno se quiere adelantar las líneas rojas y que todo esté prohibido”, asegura Sánchez Almeida.
Ante la mencionada “inconstitucionalidad” de la Ley de Seguridad Ciudadana de Jorge Fernández Díaz, este abogado destaca que podemos estar ante un nuevo “globo sonda” del Ejecutivo del PP. Y es que, si se quiere aprobar, se tendría que hacer mediante una ley orgánica que debería contar con el visto bueno del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, entre otros organismos, y de ahí, y como proyecto de Ley, a las Cortes. En total, más de un año de tramitación.
De ahí, que desde el Bufete Almeida se insista en que únicamente se busca “amedrentar” a los ciudadanos con un “globo sonda”. Un mensaje también para “presionar a los jueces”, cuyas decisiones parecen no estar gustando a La Moncloa. Y es que, si todo sigue adelante bastaría con que el delegado de Gobierno pusiera la multa incluida en las nuevas infracciones de esta norma.
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