El TSJA juzga a partir al diputado de IU Sánchez Gordillo por la ocupación de una finca del Ministerio de Defensa El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) juzgará este lunes y martes al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, para quienes la Fiscalía solicita siete meses de cárcel por la ocupación en el verano de 2012 de la finca ‘Las Turquillas’ en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército.
La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, enjuiciará durante esos dos días tanto a Sánchez Gordillo y Cañamero como a otros 52 acusados, todos ellos militantes y simpatizantes del SAT. El juicio por estos hechos se celebrará en el TSJA debido a la condición de parlamentario andaluz del alcalde de Marinaleda.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de Acción Sindical del SAT, Mari García, ha señalado que prevén el apoyo de sindicalistas de fuera de Andalucía y de gente de la cultura y ha apuntado que se están organizando autobuses de diversos pueblos para ir a Granada a la concentración convocada para las 10,00 horas ante el TSJA. Además, por la tarde habrá una manifestación «contra la persecución hacia el sindicato».
Cabe recordar que, en su escrito de acusación, la Fiscalía Superior de Andalucía solicitó para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el conjunto de los acusados –un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT– el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, la Fiscalía solicita que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, «sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación», que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.
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