La Generalitat nombra a un nuevo responsable de la televisión valenciana, saltándose al Parlamento y sin reunir al Consejo, para recuperar el control de la cadena. El Gobierno valenciano ha vivido 24 horas de vértigo, que no se esperaba, tras el anuncio realizado ayer por el presidente Alberto Fabra de que cerraría RTVV, después de que la justicia tumbará el ERE con el que el Ejecutivo intentaba ‘hacer viable la cadena’.
Los trabajadores tomaron el control de la emisión, la directora y los cuatro representantes del PP dimitieron y desde ese momento, con una audiencia triplicada, las emisiones de la antigua televisión de cabecera de los dirigentes regionales se convirtieron en una pesadilla para ellos.
No sólo por las críticas, o la revelación del control político que se ejercía allí. También por la retransmisión en directo del acoso de los periodistas del ente a unos altos cargos a los que acusan de corrupción y de haber arruinado la cadena.
La situación era insoportable para Fabra y los suyos que se han puesto manos a la obra para terminar con ella. Así, en menos de un día han aprobado un decreto ley de urgencia (sin trámite parlamentario), han nombrado una nueva junta directiva, un requerimiento notarial de la Generalitat a la cadena e, incluso, registros a los trabajadores en los aledaños de las instalaciones de la compañía en Burjassot.
Medidas todas ellas de legalidad dudosa, según la oposición, que han calificado estas acciones de Fabra de “caciquismo” y lo han acusado de “querer dar un golpe de estado” en la región valenciana.
El vicepresidente valenciano, José Císcar, reconocía, en parte, estos hechos. En una rueda de prensa posterior al pleno del Consejo en el que se ha elegido al liquidador de RTVV y a los cuatro nuevos consejeros de administración de la compañía, éste ha justificado la decisión del decreto de urgencia basándose en que había que reestablecer la «normalidad» en la televisión pública”.A lo que apuntó que «no se está cumpliendo el contrato programa y se está dando una situación de ingobernabilidad».
Lo único positivo para Fabra de esta situación es que parece haber conseguido el respaldo de todo el partido en esta difícil situación, ya que, en la Junta Directiva Regional del PPCV celebrada este jueves, todos los ‘populares’ han apoyado por unanimidad la decisión de cierre de la cadena.
Hasta la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha cerrado filas en torno a Fabra y ha preferido acatar la decisión del presidente de la región. En el momento en el que la edil ha intervenido en la Junta, no ha comentado nada respecto al tema y se ha limitado a agradecer al secretario general del partido en la región, Serafín Castellano, su intervención en el debate del Canal Plus de la pasada noche, en el que tuvo que lidiar con los líderes de la oposición, Ximo Puig (PSPV), Enric Morera (Compromís) y Marga Sanz (EU).
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