Las actuaciones de la Fiscalía y Hacienda apuntan hacia el próximo archivo del ‘caso Bárcenas’

En los últimos meses ambos organismos han protagonizado polémicas actuaciones que parecen intentar demostrar que es posible demostrar que se cometieran delitos relacionados con una presunta ‘contabilidad b’ del PP. Las últimas actuaciones de la Fiscalía y Hacienda parecen señalar hacia un mismo camino, el archivo del ‘caso Bárcenas’. El razonamiento que se usa para concebirlo sería explicar que puesto que el PP no es una empresa, sino un partido político, no puede juzgársele como si fuera una compañía. En ese último caso, sí habrían incumplido la ley.

Curiosamente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no parece compartir esta visión de los fiscales que puede ser providencial para que el PP salga ileso del ‘caso Bárcenas’. Al menos, no la compartía en agosto de este año cuando, tras descubrirse que en Génova se había ordenado borrar los discos duros de los ordenadores del extesorero se negó a contestar las preguntas de los periodistas de este asunto con el argumento de que el PP era una “empresa».

Algo de lo que no se tuvo que enterar el fiscal Antonio Romeral, ya que esta misma semana Anticorrupción ha enviado un escrito al juez que instruye el caso, Pablo Ruz, en el que, utilizando el razonamiento de que es un partido, exime al PP de las responsabilidades penales que derivan de los papeles del excontable. Por lo tanto, rechaza la ampliación de la querella solicitada por una acusación popular encabezada por IU.

Hace apenas dos meses, IU decidió extender su querella para incluir a los exsecretarios generales ‘populares’, Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, así como a 15 empresarios y directivos de constructoras que supuestamente participaron en la donación irregular al PP entre 1990 y 2008.

Sin embargo, el fiscal Antonio Romeral pidió ayer martes a Ruz que no admita a trámite la ampliación de la querella ni esos nuevos delitos, tal y como pedía esta acusación popular. El motivo, el mismo de siempre, el PP es un partido no una empresa.

No es la primera vez que la Fiscalía se opone a alguna propuesta de las distintas acusaciones populares de este caso. Romeral ha rechazado, entre otras, que testifiquen los líderes ‘populares’ José María Aznar, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja; que se pidan al Ministerio de Fomento los contratos con las empresas querelladas; o que se recabe el tráfico de llamadas y datos de los teléfonos móviles de Bárcenas.

La oposición a que se imputen a Cascos, Acebes y a 15 empresarios, por parte de la Fiscalía, viene por el informe emitido el pasado martes por la Intervención General del Estado, organismo dependiente a Hacienda. En él, se rechazaba que los constructores que donaron dinero al PP cuando Bárcenas era contable incurrieran en un delito de cohecho, según una información de El Periódico.

Este informe se une a otro del mes de septiembre en el que Hacienda estimaba que el PP no cometió delito fiscal con su contabilidad secreta. Para ello, usó los mismos argumentos que la Fiscalía. Al ser un partido, y no una compañía, ya que los donativos ilegales pueden desgravarse en el Impuesto de Sociedades.

Vistas estas actuaciones, a lo mejor tenía razón la profecía que lanzó el exsecretario de organización del PP en Galicia, Pablo Crespo, el pasado domingo en la entrevista que mantuvo con Jordi Évole en el programa Salvados. El imputado por la trama Gürtel aventuró que en diciembre se archivará el caso de los papeles de Bárcenas porque no interesa. “Lo que interesa al PP es que nos den duro”, aseguró.

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