El ministro de Industria, Energía y Turismo asegura que no habrá que indemnizar a la empresa del Proyecto Castor, si se demuestra que hubo «dolo». El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido este lunes que, de acuerdo al Tribunal Supremo, no será necesario indemnizar al gestor del almacenamiento subterráneo de gas Castor si se demuestra que «ha habido una conducta dolosa o culposa» por su parte.
En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Efe, tras la inauguración del primer prototipo de aerogenerador marino de España, Soria ha subrayado que aunque el Supremo no considere lesiva la cláusula que obliga a indemnizar aunque medie dolo o negligencia, también «dice otra cosa muy importante».
«En el caso de que se pueda probar que ha habido una conducta dolosa o culposa por parte del operador», Escal UGS, y finalmente se decida el cese de la instalación, «no habría lugar a indemnización».
El Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por el Gobierno contra la disposición que prevé indemnizaciones a la concesionaria del almacenamiento de gas Castor, en Vinaròs (Castellón), en el caso de extinción o caducidad de la concesión, incluso cuando hubiera existido negligencia por su parte y que podrían alcanzar los 1.700 millones.
El Supremo entiende que, en caso de no haber desmantelamiento, es «coherente» que se contemple una compensación a Escal, en este caso por el valor residual del proyecto, pues al seguir operativas las instalaciones, el Gobierno «presumiblemente obtendría un beneficio futuro con su explotación».
La sentencia añade que la no anulación de dicho inciso «no significa, que, aunque medie dolo o negligencia, en todo caso la empresa vaya a percibir la indemnización prevista».
El cobro de la misma, subraya, «dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se hayan producido».
El ministro ha hecho estas declaraciones «sin perjuicio del estudio que está haciendo la Abogacía del Estado» sobre la sentencia del Supremo, una decisión que ha asegurado respetar aunque sigue defendiendo la lesividad de la cláusula para el interés general.
La actividad de Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se corrobore que la inyección de gas en el almacenamiento está relaciona con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona.
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