Los peajes de acceso al sistema gasista -que representan la mitad de la factura- tendrían que subir un 6% para hacer frente a la retribución del proyecto.
La factura del gas subirá un 3% si el Gobierno no cierra definitivamente el almacén subterráneo Castor que gestiona ACS a través de su participada Escal UGS. Según aseguran fuentes del sector, la subida en los peajes de acceso al sistema gasista –que representa aproximadamente la mitad del recibo- tendría que ser del 6% para hacer frente a la retribución de este proyecto, que se encuentra interrumpido indefinidamente, tras la avalancha de seísmos en la zona, hasta que el Gobierno no lo determine.
Hoy mismo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que hasta que “mientras los técnicos no garanticen la seguridad en el almacén subterráneo, allí no se inyectará más gas”.
Sin embargo, la suspensión definitiva del proyecto también podría ocasionar problemas por el coste del cierre de la explotación., que Escal cierra en 1.615 millones de euros. ACS se ha gastado en desarrollar la infraestructura 1.300 millones (sin tener en cuenta los gastos financieros) frente a los 500 millones que se estimaron inicialmente en junio de 2008. La retribución de los almacenes subterráneos concedidos antes de 2010 se realiza en base al valor real de la inversión. Es decir, que cuanto mayor sea la inversión acometida, mayor será la cantidad retribuida al promotor.
Un mecanismo perverso, según denuncian fuentes del sector, pues en definitiva cuanto más gasta el promotor en construir, mayores ganancias tendrá en el futuro. Además, el incentivo se ve acrecentado por la circunstancia de que las principales empresas contratistas para la construcción de Castor eran del mismo grupo empresarial del promotor (ACS), multiplicando el efecto positivo del incremento de inversión.
Ahora, el Ministerio de Industria ha puesto en marcha una auditoría técnica y económica para comprobar si el almacén de gas vale 500 millones de euros como se presupuestó inicialmente o 1.300 millones como dice ACS.
Hay varias alternativas posibles para el futuro de Castor, pero son muchos los actores del sector que coinciden al señalar que se prevé una gran batalla legal en la que estarán implicadas instituciones autonómicas y locales, el Estado, el Banco Europeo de Inversiones (que participó en la emisión de deuda del pasado mes de julio para financiar el proyecto y aportó garantías) e inversores nacionales e internacionales.
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