El Constitucional ha avalado hoy la Ley de Función Pública aprobada por el Gobierno balear de José Ramón Bauzá, que considera el conocimiento del catalán como un mérito y no como requisito indispensable para trabajar en la Administración regional. El alto tribunal desestima así el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo parlamentario socialista del Senado contra esta reforma de la ley reguladora de la función pública en las Islas Baleares.
La norma autonómica recurrida por el PSOE no sólo elimina la exigencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a la Administración, sino que también modifica en consonancia las leyes que regulan el uso de la lengua en las islas, recoge Europa Press.
La sentencia cuenta con el voto particular discrepante de cuatro magistrados, si bien la mayoría del Pleno entiende que “no hay inconstitucionalidad” en la citada norma, dado que señala que la reforma se ha producido en un contexto de “amplia implantación del conocimiento del catalán en la función pública del ámbito territorial y en la sociedad, al integrarse como disciplina en el sistema educativo”.
Por ello, el Constitucional concluye que “no hay inconstitucionalidad en tener el conocimiento del catalán como mérito” y que “no existe discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano sobre el catalán”. Asimismo, dice que la norma de Bauzá establece “medidas de fomento concretas de la lengua catalana” al introducir un “mandato dirigido a las administraciones públicas para la promoción de cursos de conocimiento de la lengua catalana entre el personal a su servicio con la finalidad específica de garantizar la atención a la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas oficiales”.
Y también en el caso de las oposiciones, recuerda el alto tribunal en su sentencia, el conocimiento del catalán sirve para “establecer el orden de preferencia de los aprobados para ocupar puestos de trabajo”.
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