El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha imputado al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, al exdirector general Adolf Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010, según recoge en un auto.
La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona había pedido su imputación a principios de septiembre por «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia», e imputarles por su reprochable y espurio manejo de los fondos de la entidad, sostenía en su denuncia, según informa Europa Press.
Ahora, en un auto de tres páginas del 25 de septiembre, el juez Josep Maria Pijuan les ha imputado por un presunto delito de administración desleal, y les cita a declarar desde el 21 de octubre hasta el 11 de noviembre para «determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados».
La ronda de interrogatorios en la Ciudad de la Justicia comenzará con la declaración a las 10.30 horas del exvicepresidente del Gobierno y exalcalde de Barcelona, y está previsto que continúe a las 11 horas con la citación de Adolf Todó; este primer día están convocados tres imputados más.
El resto de los interrogatorios están previsto que se celebren el 30 de octubre y los días 4, 5 y 11 de noviembre.
Todo parte de la denuncia fiscal Fernando Maldonado contra los miembros que adoptaron los acuerdos que constan en las actas del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de 2010 donde se suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones que pudieron suponer una «administración desleal».
«Retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país» y cuando la entidad había pedido la inyección de dinero público de fondos del Frob, consideró en su escrito.
El fiscal cree que Serra y Todó son los principales beneficiados de las presuntas irregularidades, que abusaron de sus cargos y «utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencias públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera».
«Todo ello denota un reprochable y espurio manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de altos directivos», añadió el Ministerio Público.
En una situación económica crítica, a principios de 2008 Serra acordó la contratación de Todó como director general y de Jaume Massana como directo general adjunto, cuyos sueldos no dejaron de subir durante los años 2009, 2010 y 2011.
Todó cobró en estos años 4,07 millones de euros y Massana 2,89 millones, en ambos casos sumando retribución fija y variable, a lo hay que añadir dietas por ir a las reuniones del consejo de administración.
Mientras tanto, dada la situación económica de la entidad, el Frob inyectó 1.250 millones de euros en 2010; 1.718 más en 2011, y nuevamente 9.084 millones en 2012, con lo que el Frob constituía el 100 por cien del capital.
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