El fiscal del ‘caso Bárcenas’ se opone a que Fomento entregue a Ruz los contratos de los supuestos donantes del PP

El fiscal del caso Bárcenas se ha opuesto a que el Ministerio de Fomento aporte al juez todos los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos entre 1990 y 2012 con las doce empresas que aparecen como donantes en los papeles manuscritos sobre una supuesta contabilidad B en el PP.

Una de las acusaciones, el Observatori DESC, pidió a Ruz esta diligencia para contrastar las donaciones de empresarios reflejados en los papeles manuscritos del extesorero Luis Bárcenas con las adjudicaciones públicas que se hicieron a esas empresas.

En su informe remitido al juez, y del que informa Efe, el fiscal Antonio Romeral se opone a esta diligencia por entenderla «inútil e impertinente», así como «perjudicial» para «la correcta instrucción de la causa», ya que «la recopilación, copia y posterior examen de tan ingente cantidad de documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso de la instrucción por un tiempo no definido, pero desde luego superior al año».

Este extenso trabajo solo estaría justificado, dice el fiscal, si existieran «indicios bastantes de la comisión de hechos delictivos y la probabilidad de obtener elementos incriminatorios que afiancen y den crédito a los mismos», algo que aún no ha ocurrido en espera de un informe pericial que detalle si hubo cohecho o tráfico de influencias entre las donaciones y las adjudicaciones.

La «inutilidad e impertinencia resultan obvias», indica, respecto de todos los contratos y concesiones entre 1990 y 2012 «por corresponder a periodos temporales que no están afectos por la investigación judicial» y, en algunos casos, prescritos.

Añade que otros años no están afectados por las investigación del caso Bárcenas, al no existir en ellos anotaciones en los papeles del extesorero de donaciones de empresarios.

Es una petición, a juicio de Romeral, «de manera expansiva en cuanto al tiempo y sociedades afectadas y restrictiva en cuanto al organismo contratante o concedente, al limitarla al Ministerio de Fomento», por lo que la considera «incoherente o al menos formulado sin la necesaria reflexión».

Aceptarla sería, apunta, «más propia de una investigación prospectiva que de una investigación de hechos concretos con indiciaria relevancia penal».

Es además «incoherente» porque, según el fiscal, «no se explican los motivos por los que se solicitan los expediente del Ministerio de Fomento y no los de otras administraciones públicas», ni tampoco «qué datos de los expedientes considera necesarios» para establecer vínculos entre las donaciones y las adjudicaciones de cara a un posible delito de cohecho.

«Si lo que le interesa a la parte y entiende que puede resultar eficiente para la investigación son datos determinados, deberá decir cuáles son, evitando así la aportación de documentación innecesaria y costosa en su obtención que interfiere en la instrucción de manera negativa pues obstaculiza y enturbia la tramitación con el consiguiente retraso», explica.

El fiscal también recuerda que ya se ha facilitado a los peritos judiciales numerosa documentación sobre contratos y adjudicaciones y las presuntas donaciones para que emitan un informe sobre la conexión que pudiera existir entre ellos.

«Procede por tanto estar al resultado de su informe para determinar la procedencia y necesidad de incorporar, de forma ordenada y coherente, otros datos y documentos distintos a los sometidos a su examen», argumenta.

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