La Consejería de Sanidad madrileña ha suspendido el plan de movilidad de personal de los hospitales privatizados tras la paralización del proceso. Según una nota que ha remitido el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty a los centros objeto de la externalización, a la que ha tenido acceso EL BOLETÍN, la decisión se ha tomado “visto el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, que como ha recordado la Marea Blanca en varias ocasiones obliga a mantener las relaciones laborales como hasta ahora.
“Visto el auto del TSJM –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera- dictado en el procedimiento 787/13 de fecha 11 de septiembre, procede mantener en suspenso la Resolución de 20 de agosto de 2013 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca el proceso de movilidad interna voluntaria específico para el personal fijo del Servicio Madrileño de Salud adscrito a los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo, hasta que se produzca un pronunciamiento judicial que modifique el contencioso citado en el auto”.
Esta es la nota que ha usado la Comunidad de Madrid para dar a conocer su decisión. Algo que precisamente venían reclamándole los sindicatos sanitarios desde que se dictó la primera resolución judicial contra la privatización de hospitales.
Concretamente, la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) exigió a Lasquetty hace dos semanas que anulase los plazos que había impuesto para que el personal de los hospitales privatizados decidiese si quería seguir en esos centros o prestar sus servicios en otro lugar.
En una nota de prensa, los facultativos especialistas criticaban que la Consejería de Sanidad no había revocado aún los plazos que dio al personal para adherirse a la nueva empresa o solicitar la movilidad, un silencio que había “generado una situación de incertidumbre laboral en el personal, que no sabe cual es la situación actual en cuanto a los aspectos de Recursos Humanos y cómo les afecta la suspensión cautelar”.
AFEM recordó en ese momento que “una de las razones que avalan la decisión del TSJM de suspender cautelarmente el proceso hace referencia expresa a las opciones, decisiones y proceso de movilidad del personal de dichos hospitales, que de llevarse a cabo la privatización tendría unas consecuencias irreversibles”.
En este sentido, los médicos indicaron que “es exigible que la Consejería de Sanidad se pronuncie específicamente sobre la paralización de los procedimientos de movilidad y los cambios de régimen jurídico de los trabajadores de los hospitales afectados”. Sobre todo porque “estableció unos plazos para que los trabajadores se pronunciaran acerca de los posibles traslados y no los ha revocado a pesar de tener varios autos de suspensión cautelar sobre el proceso”.
Los médicos recordaron también que “en su auto el TSJM afirma que el servicio sanitario debe seguir siendo prestado como hasta ahora, por lo que el personal que presta servicios en dichos hospitales debe mantener la relación jurídica que les vincula sin modificación alguna”, algo a lo que ahora se ha comprometido la propia Consejería al suspender el plan de movilidad.
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