El Consejo de Estado ha advertido del posible carácter inconstitucional de las sanciones que pretende imponer el ministro Soria al autoconsumo eléctrico, cuya cuantía oscila entre los 6 y 60 millones de euros.
Según recoge Europa Press, dese la institución se asegura que “en su literalidad, el anteproyecto no concibe infracciones relacionadas con el autoconsumo que no merezcan la calificación de infracción muy grave, lo que no se acomoda al principio de proporcionalidad en los términos acuñados en la jurisprudencia constitucional”.
Hasta 35 rectificaciones hace el Consejo de Estado al borrador de Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, insistiendo en que ha de considerar las observaciones contenidas en su dictamen. Es cuestión de tiempo que el Proyecto de Ley, aprobado el pasado viernes 20 en el Consejo de Ministros, contenga las rectificaciones propuestas por la institución, según informa cenews.es.
En este momento, se desconoce el texto presentado al Consejo de Ministros, por lo que la duda permanece. Tan sólo se conoce el borrador de este Anteproyecto, pues en el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 20, el Ministro Soria se limitó a decir que ha sido aprobado, pasando a elevar al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico para su aprobación como proyecto de Ley y posterior remisión a las Cortes Generales.
El Consejo de Estado comparte las observaciones formuladas por los órganos informantes, entre ellos la Comisión Nacional de la Competencia, de eliminar cualquier tipo de trabas innecesarias y desproporcionadas al desarrollo del Autoconsumo. Además, recomienda al Gobierno las propuestas de la Comisión nacional de la Competencia de su reciente informe, al igual que el emitido por la Comisión Nacional de la Energía.
No es el único que se ve exacerbada la multa propuesta por la cartera de Soria. El Ministerio de Fomento y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente habían presentado unas mejoras para el autoconsumo eléctrico, pero el Ministerio de Industria las ha desestimado.
Incluso Adif había mandado una consulta, ya que temía que el sistema de producción energética asociado al frenado de los trenes pudiera ser cargado con el nuevo ‘peaje respaldo’, algo que no será así, según apunta Europa Press.
Industria le responde que el real decreto sobre autoconsumo se incluirá una disposición adicional que exima a la frenada de los trenes, sobre la base de que los peajes al autoconsumo solo se aplicarán a la energía vertida al sistema.
Dentro del debate interno en del Gobierno, destaca la posición del Ministerio de Fomento, que pidió que la ley eximiese expresamente de autorización a este tipo de instalaciones. «No se considera adecuado eximir a unas instalaciones concretas de la necesidad de autorización por razón de que éstas se encuentren asociadas a un consumidor», respondió Industria.
En sus escritos, Fomento defiende el desarrollo del autoconsumo y pide que no «se malogre en España uno de los motores que está impulsando, en todos los países del entorno, el desarrollo de las políticas de rehabilitación de edificios y de regeneración urbana».
En cuanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sus responsables pidieron «claridad» para garantizar «el principio constitucional de seguridad jurídica», y hacían una petición concreta, referida a que las instalaciones que fuesen propiedad de administraciones públicas no sufriesen los nuevos peajes.
El departamento dirigido por Miguel Arias Cañete aludió al caso de las Confederaciones Hidrográficas y los sistemas de autoconsumo instalados por los regantes. Cualquier gravamen como el que impondrá el Gobierno podría encarecer el precio del agua.
Industria no acepta la propuesta con el argumento de que «los consumidores, aun cuando consuman energía de una instalación de autoproducción, deben contribuir a los costes del sistema», ya que «la eventual falta de contribución por parte de los consumidores con autoconsumo a estos costes supondría que éstos tendrían que ser asumidos por el resto de consumidores».
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