“Cerrazón” es el término que, según la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), mejor define la reunión que han mantenido con Ministerio de Sanidad sobre reproducción asistida.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales se reunió el martes con el Director General de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, Agustín Rivero, y su equipo, quienes trasladaron a la Fegtb y a Galehi que “el Ministerio de Sanidad no se plantea un cambio en su postura de discriminar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la cartera de prestaciones comunes de la sanidad pública a las parejas de mujeres y mujeres solas”.
Boti García Rodrigo señaló en declaraciones a elboletin.com que “nos han dicho que la ley es así y que las leyes se cambian en el Parlamento”, por lo que no contemplan hacer ninguna modificación, a pesar de “les pedimos más amplitud de miras, una interpretación más amplia, menos pegada a la letra de una normativa que consideramos discriminatoria”.
El Ministerio se acoge a la ley 16/2003, diciendo que no se incluyen en la cartera de servicios las técnicas que no contribuyan a la “prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento”.
Esta ley sirve, según Sanidad, para no prestar servicio a las parejas de dos mujeres o mujeres solas, pero no explica en qué sentido sí acoge el tratamiento de inseminación artificial de una mujer cuyo marido sea infértil, por poner un solo ejemplo.
Desde la Felgt se explica que La ley en la que se escuda el Ministerio de Sanidad, “era inclusiva hasta la llegada de Ana Mato y ahora es interpretada de manera restrictiva al aplicarse sólo a unos modelos de familia, lo que hace que su postura sea discriminatoria y, por tanto, inconstitucional”.
“Siguen empecinados en utilizar juegos de palabras para justificar una actitud discriminatoria. Carecen de altura de miras para saber interpretar el espíritu de la Ley. Seguiremos trabajando contra esta postura y mientras tanto reclamamos de las Comunidades autónomas que hagan uso de su capacidad para aumentar la cartera de prestaciones y den acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública sin atender a orientación sexual ni a estado civil”, recalca Boti García Rodrigo.
Isabel Gómez, vocal de igualdad de la Federación y miembro de Galehi, ha destacado que “el Ministerio se ha mostrado inflexible. Reconocieron que no era un recorte de carácter económico, porque el coste es perfectamente asumible, pero no quisieron reconocer que se trata de una medida ideológica. No vemos otra razón”.
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