Cien de los 120 directores de centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han manifestado ya su adhesión explícita a las reclamaciones en defensa de la inversión pública en I+D del colectivo Carta por la Ciencia.
“Desde la experiencia de sus cargos, los directores y directoras del CSIC consideran urgente el cambio de actitud que el Gobierno mantiene hacia la I+D, alertando de que el buen nivel de la investigación pública española, obtenido a lo largo de las tres últimas décadas (España llegó a estar en el noveno puesto del ranking científico mundial), es una promesa de futuro que se puede perder irreversiblemente”, han señalado los directores a la prensa en un comunicado.
Los directores del CSIC han destacado además “la tragedia humana que supone desperdiciar a no menos del 35% de los especialistas que hasta hace dos años trabajaban en investigación en los centros e institutos del CSIC” y han lamentado la fuga de cerebros.
El colectivo Carta por la Ciencia (integrado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la Confederación de Rectores de Universidades de España (CRUE), la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, la Plataforma Investigación Digna y los sindicatos CC OO y UGT) ha elaborado cuatro puntos para “evitar el colapso inminente y dramático de la investigación científica en España, cercenando con ello las posibilidades de construir un país dinámico e innovador en el futuro”.
La primera de esas cuatro propuestas es la recuperación de los niveles de financiación pública existentes en 2009. Según el colectivo, debería hacerse a lo largo de los tres próximos ejercicios presupuestarios, con el objetivo de aproximarse al promedio europeo de inversión pública en I+D, que se sitúa en el 0,6% del PIB.
Insisten también en la eliminación de los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en I+D, fijados en un 10%, que está impidiendo la incorporación de nuevos investigadores.
Carta por la Ciencia reclama además la dotación de recursos suficientes para el Plan Estatal de Investigación 2013-2016, así como la creación de la Agencia Estatal de Investigación como institución autónoma e independiente para gestionar dicho plan.
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