La consulta soberanista no cabe en la Constitución española. Esta es la respuesta que Mariano Rajoy ha enviado por carta a Artur Mas sobre sus pretensiones de acordar una fórmula para facilitar a Cataluña el derecho a decidir. Sin embargo, el Gobierno aún confía en ganar la batalla con una negociación económica.
Los intentos de ofrecer una cara aperturista a través de la posición ‘blanda’ sobre el problema catalán que ofrecía ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, han chocado con la oposición de la prensa conservadora y de los sectores ‘más duros’ del PP que no admiten gestos públicos de condescendencia con los independentistas.
Por eso, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha optado hoy en la rueda de prensa por afirmar con rotundidad que no hay espacio para negociar la consulta que pretende el nacionalismo catalán porque no cabe en la Constitución. Sin embargo, ha dado a entender que sí lo hay para muchas otras cosas.
Pero los movimientos deben hacerse lejos de la luz y los taquígrafos. Sobre todo para permitir que algunos colectivos, como la mayor parte del sector empresarial, puedan influir en ese acercamiento que al menos ‘aplazaría’ cualquier declaración unilateral de Independencia del Parlamento catalán que, de momento, parece ser lo único que asusta a un Rajoy, bastante dispuestos a llegar todo lo lejos que sea necesario en las pretensiones de CiU sobre la financiación autonómica.
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