El Tribunal Constitucional vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por la similitud entre un artículo de 2010 de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, co-escrito junto a Xavier Thibault, actual Director General de Empleo, y la reforma laboral del Gobierno. Según la SER, esta norma habría recogido varias de las ideas que el magistrado plasmaba en este texto. Una nueva relación del responsable de este órgano judicial con el PP que ha provocado la enésima división en el mundo de la judicatura.
La mayoría de las asociaciones judiciales consideran que el presidente del Constitucional debería abstenerse de todo lo que tenga que ver con la reforma laboral, incluso, hay quién pide que dimita del alto tribunal. Esta reclamación es la que defiende Jueces para la Democracia.
El portavoz de la asociación de jueces progresistas, Joaquim Bosch, según la SER, “debería plantearse su continuidad”, ya que “no es una buena noticia que el presidente del Constitucionalidad esté siendo cuestionado constantemente por una posible parcialidad en su gestión”.
Una propuesta que ha compartido Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza y portavoz del Foro Judicial Independiente. Para éste, Pérez de los Cobos debe renunciar “por la imagen y el prestigio del Tribunal Constitucional, para hacerle un favor a la justicia y a este país”.
Más tibio ha sido el juez decano de Madrid y portavoz de la Asociación judicial Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, que consideraría “lógico y natural” el responsable del alto tribunal se abstuviera en todo lo relacionado con la reforma laboral recurrida por PSOE e IU.
Frente a todo esto se ha posicionado la Asociación Profesional de la Magistrado. El colectivo mayoritario en la carrera judicial, y conservador, ha defendido que Pérez de los Cobos siga en su puesto.
Su portavoz Pablo Llarena, en declaraciones a la emisora de Prisa, no cree que deba dimitir por este artículo, ya que “todos los jueces tienen su opinión sobre cuestiones jurídicas que afectan a la sociedad, no es motivo de recusación ni abstención si una ley coincide con la opinión jurídica de un magistrado”.
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