El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha retado hoy a los jueces conservadores que integran la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a que paralicen el sistema judicial con su llamamiento a una huelga de togas el próximo día 8 de octubre. “La Justicia no va a parar” por la protesta de estos magistrados ese día.
Caamaño se ha convertido, gracias a la enfermedad de María Teresa Fernández de la Vega, en el hombre con más poder en el Gobierno después de José Luis Rodríguez Zapatero al hacerse cargo, temporalmente, del Ministerio de Presidencia. Con este poder, el responsable de Justicia ha criticado duramente a los jueces conservadores culpándolos de llevar al caos al sistema judicial.
“Si hay huelga serán ellos los que deban dar explicaciones del motivo por el que quieren parar la Justicia”. De esta manera contestaba Caamaño a las preguntas de los periodistas sobre su opinión ante la huelga de togas que tendrá lugar el próximo 8 de octubre.
Poco parece importar al ministro los llamamientos a secundar esta protesta de la Asociación Profesional de la Magistratura, ya que, envalentonado o no por ostentar mayor voz en el Gobierno, ha asegurado que la “Justicia no va a parar” por ellos ese día.
Las palabras de hoy del ministro y las declaraciones de ayer a EL BOLETIN del portavoz de la APM, Antonio García, ponen sobre la mesa que la división entre las asociaciones y el Ministerio no sólo era cosa de Mariano Fernández Bermejo, sino también de su sustituto. El tiempo del “contador a cero” en las negociaciones de todas las partes ha desaparecido.
Habrá que esperar hasta la semana que viene para ver si los deseos de huelga de la APM son compartidos por el resto de asociaciones de magistrados.
El responsable del departamento de Justicia no sólo se ha limitado a arremeter contra los jueces conservadores hoy, sino que ha anunciado un Plan de modernización de la Justicia. Esta iniciativa, aunque no lo haya asegurado Caamaño, intenta mostrar la preocupación del Ejecutivo en el sistema judicial cuando las deficiencias en la labor de los jueces se agolpan en las portadas de los diarios de tirada nacional. Todavía colean casos como los de Mari Luz Cortés en los que el funcionamiento de la Justicia no fue todo lo ejemplar que debería haber sido.
Dejando de lado esta disputa, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de modernización de la Justicia. Esta medida prevé un incremento del 19% de la actual planta judicial entre este año y 2012, con la creación de 910 nuevas unidades judiciales. En esta labor participarán Gobierno, comunidades, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y profesionales implicados.
Este plan tendrá un coste de 600 millones de euros de aquí hasta el final de la legislatura e incluirá también la implantación del programa EJIS, que permitirá la interoperatividad de todos los actores de la justicia y acabará con los problemas de compatibilidad informática.
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