La asociación gallega para la defensa de la sanidad pública (Agdsp) denuncia los cambios introducidos en la financiación del nuevo hospital de Vigo, con la utilización de fondos público-privados.
El crédito de 250 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) atribuido a la concesionaria para concluir las obras supone “un nuevo paso para la privatización del sistema sanitario público”, denunció Agdsp en un comunicado del que informa Efe.
Según la asociación, la decisión del Gobierno gallego de utilizar fórmulas de colaboración público-privada “puede representar un considerable impacto a largo plazo sobre las cuentas públicas», con “un sobrecoste de 1.200 millones de euros”.
Y es que esta asociación, que agrupa a profesionales del sector de la salud pública, calcula que el «coste final de construcción» será de «más de 1.450 millones de euros», mientras que si se hubiera aplicado una «financiación directa» como había previsto el anterior Gobierno autonómico, «no excedía los 450» millones de euros.
La Xunta “se apresuró a licitar el hospital en la primera quincena de mayo” pero del coste total “una parte importante del préstamo correrá a cargo de la Administración pública”, señala la asociación.
Calcula que supone 44 % la obra total y 56 % de la financiación deberán correr a cargo de la Administración, que a su vez, «deberá pagar el canon a las empresas privadas concesionarias».
Todo ello, después de que el nuevo hospital «se quedó sin financiación privado», lo que obligó a paralizar las obras en verano de 2012″, después de que las entidades financieras que formaban parte de la unión de empresas «se fusionaron o fueron nacionalizadas».
La finalización de las obras del hospital las gestiona una unión empresarial liderada por Acciona, y formada por las constructoras Pontes e Calzadas, Ocasa, el grupo francés Altair y Concessia Carteira.
El pasado 1 de agosto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que la concesionaria dispone del crédito de 250 millones de euros, de los cuales 110 millones de euros del BEI, 30 millones de euros del ICO y 110 millones de euros de otros bancos.
Agdsp indica que «las empresas privadas de catering, limpieza y seguridad, están muy interesadas en la privatización y externalización de servicios», y cita particularmente al «grupo Eulen, de la hermana de Feijóo, que además de servicios no sanitarios gestiona las residencias para mayores en Galicia».
Un cúmulo de situaciones que conlleva que «el nuevo hospital ya no será de financiación privada, como especificaba el contrato», fruto de «la maraña de interese existentes» que «deslegitiman la decisión» y «cuyos costes serán impagables y representarán el inicio del fin de la sanidad pública viguesa», concluye.
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