La morosidad de las Administraciones Públicas está haciendo mucho daño a las ONGs que esperaban un gesto del Gobierno para salir del colapso. Sin embargo, por ahora, el posible ‘rescate’ queda lejos. Aunque cuentan con un buen aliado: Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo.
Las autodenominadas ‘entidades sociales’ se habían llevado un buen disgusto al conocer las nuevas condiciones incluidas por Hacienda en las líneas de crédito ICO previstas en la segunda edición del plan de pago a proveedores se excluyen las deudas generadas por los convenios o las subvenciones.
Todo un varapalo para las ONGs que reaccionaron agrupándose para exigir al Gobierno de Rajoy su inclusión en este plan. Sabían que se juegan casi la supervivencia en el intento.
La petición, según una información publicada por el portal Ethic.es, fue planteada al Gobierno por las entidades del Grupo Compartir, integrado por varias fundaciones cercanas al entorno del PP.
Sencillamente, si Hacienda no abría la mano, muchas de estas organizaciones pueden ir directas a su desaparición, ya que buena parte de sus ingresos, casi la fundamental, procede directamente de convenios o subvenciones.
En su argumentación incluyeron algunos datos para dar idea de la magnitud que podría tener la catástrofe. El ‘tercer sector’, otro de los nombres con el que se conoce a este tipo de organizaciones, da empleo a más de 530.000 personas, que suponen un 2,7% de la población activa y genera un 1,69% del PIB.
Además, claro, del menoscabo de la labor social que realizan estas organizaciones y que en tiempos de crisis como los actuales es aún más importante, por lo que el retraso de los convenios y las subvenciones que deben abonar los ayuntamientos no sólo afectaría a la calidad de los servicios y el empleo, supondría un estrangulamiento financiero casi total para el sector.
La campaña, sin embargo, no hubiera tenido éxito sin la participación decisiva de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Su intermediación fue decisiva para que en la última versión del Decreto Ley, se ampliara la definición de proveedor a las entidades del tercer sector con conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, o los que estén destinados a actividades de atención a menores, personas con discapacidad o tercera edad.
Tras el éxito, Becerril y las ONG aspiran a más. La Defensora del Pueblo quiere que Hacienda amplíe a estas entidades el aplazamiento de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social que tengan estas fundaciones.
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