La Fiscalía de Madrid entiende que “debe procederse a la admisión de la querella” que presentó UGT contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la consejera de Educación, Lucía Figar, por un presunto delito de prevaricación en la supuesta contratación irregular de personas de nacionalidad extranjera en centros bilingües de la región en condiciones de igualdad con el resto de personal funcionario o contratado, ocupando plazas que no fueron ofertadas públicamente.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, tras presentar la denuncia en noviembre de 2012, se personó el pasado día 8 de abril de 2013 como parte acusadora, ejercitando la Acción Popular Penal, para realizar las alegaciones pertinentes y probar que “tanto la expresidenta de la Comunidad de Madrid como la consejera de Educación actuaron fuera de la Ley en la contratación de profesorado para centros bilingües y, por lo tanto, su actuación constituiría, a juicio del sindicato, un supuesto delito de prevaricación”.
Ahora, la Fiscalía dice en un escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que las personas de nacionalidad extranjera contratadas por la Comunidad de Madrid en el curso académico 2011/2012 “parecían tener inicialmente atribuida una denominación específica como auxiliares de conversación o participaban en la formación y/o apoyo del profesorado de los propios centros educativos; sin embargo, no consta en autos suficientemente enunciada ni documentada su esfera de actividad, ni la descripción de sus específicas competencias, existiendo, por el contrario en este momento, fundados indicios de que dichos ciudadanos extranjeros pudieran haber desarrollado una actividad docente en condiciones de igualdad con el resto del personal”.
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