El cerco de la Justicia se estrecha sobre Capio (ahora IDC Salud). El juez Marcelino Sexmero Iglesias, que ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra la privatización de hospitales, ha imputado a la compañía y ha ordenado buscar a sus verdaderos propietarios en los paraísos fiscales.
Según el auto de admisión, entre las diligencias de investigación se ordena pedir al Registro Mercantil que identifique los domicilios sociales y a los accionistas o socios de las empresas relacionadas con Capio: Capio Sanidad S. L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers Develops, S. L.
Asimismo, anuncia que se dirigirá una “Comisión Rogatoria Internacional a las autoridades de Luxemburgo, a fin de que informen de los accionistas, socios, administradores y apoderados de la compañía HC Investments BV y de su conexión con algún un grupo de empresas”. En esta empresa, que controla el 100% del holding en España, termina el rastro de compañías accionistas de Capio en el Registro Mercantil.
No obstante, las diligencias emprendidas por el juez contra Capio no acaban ahí, ya que también requiere a la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por esta empresa, que aporte “la relación circunstanciada de pacientes asignados a su área que fueron atendidos en otros centros”; “la relación circunstanciada de pacientes de fuera de su área que fueron atendidos en la Fundación Jiménez Díaz”; y “la facturación intercentros”, todos ellos datos correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012.
Unos datos que el magistrado también requiere a Capio en relación con los primeros hospitales públicos que fueron privatizados en Madrid, y que gestiona la compañía: el Infanta Elena de Valdemoro y el Rey Juan Carlos de Móstoles.
El pasado viernes el juez admitió la querella de AFEM por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. Imputó a los exconsejeros de Sanidad madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, por ser los promotores de las primeras privatizaciones de hospitales en la región, y a las empresas Ribera Salud y Capio, por ser adjudicatarias en este proceso.
Junto a ellos, también deberán comparecer en calidad de imputados ante el juez el presidente o consejero de Unilabs y el presidente o consejero de Asisa, mientras que por parte del Gobierno autonómico harán lo propio el actual director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria.
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