Los afectados por los Préstamos Renta Universidad, que se endeudaron para poder estudiar postgrados, han cargado contra los bancos por ofrecerles nuevos créditos privados para refinanciar estas deudas. El colectivo exige al ministro José Ignacio Wert, al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a las entidades financieras que hagan públicos los convenios de colaboración para saber si la banca tiene potestad para realizar estas operaciones.
En una nota de prensa, el colectivo se ha quejado de la “falta de transparencia” que han mostrado las tres partes implicadas en el asunto a la hora de informar a los afectados sobre el origen de los fondos y la competencia de cada entidad. Según denuncian, “ninguno de los agentes” ha accedido “a hacer públicos estos datos”.
Por ello, la Plataforma en la que se han organizado estos postgraduados ha exigido que se den a conocer los convenios de colaboración suscritos para poner en marcha los Préstamos Renta Universidad, ya que creen que es algo indispensable para “delimitar las competencias de cada organismo” y “aclarar si el origen de los fondos es público o privado”.
Fuentes del departamento que dirige Wert indicaron hace unos días que el dinero lo pusieron los bancos y que el Ministerio sólo hizo de intermediario para que los estudiantes tuvieran buenas condiciones, aunque los afectados aseguran que “esta afirmación es rotundamente falsa” porque según los datos registrados en el Boletín Oficial del Estado, “los fondos de todas las convocatorias provienen de partidas presupuestarias concretas de los Presupuestos Generales del Estado”.
Este dinero fue traspasado al ICO para, más tarde, ser cedido a las entidades de crédito colaboradoras con el fin de formalizar los préstamos, y el BOE “especifica claramente un total de 450 millones de euros más una cuantía adicional para pagar los intereses acumulados durante el periodo de carencia, una cuantía que en algunos casos las entidades bancarias están cobrando a los estudiantes, incumpliendo el contrato”, aseguran desde la Plataforma.
En su opinión, “es vital saber a qué organismos y/o entidades corresponde actuar en caso de impago”, sobre todo porque los bancos “han amenazado a los deudores con proceder con litigio judicial y solo ofrecen como solución una refinanciación de la deuda con la concesión de nuevos préstamos personales privados”. Los afectados quieren saber “hasta qué punto tienen potestad los bancos para refinanciar las deudas con nuevos préstamos o, incluso, a proceder con acciones judiciales sin consentimiento del prestamista final, el Estado”.
Por último recuerdan lo que dice el Ministerio, que sostiene que los fondos destinados a los préstamos son de los bancos y la Administración únicamente actúa como avalista frente a posibles impagos, y se preguntan “por qué las entidades financieras no reclaman estos fondos al avalista y sí al prestatario final que, en la mayoría de los casos, no cumple con los requisitos de devolución estipulados en los contratos”.
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