El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará hoy a cuatro imputados por las adjudicaciones que la Comunidad de Madrid concedió de forma presuntamente irregular a las empresas de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’.
Los cuatro imputados son empresarios a los que el líder de la trama, Francisco Correa, habría recurrido para poder amañar las adjudicaciones investigadas. Se trata de Juan Ignacio Hernández Rodríguez (Grupo Elba), Antonio Martín Sánchez (Marketing Quality Management), y Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno (Grupo Rafael), según informa Servimedia.
El instructor de la Audiencia Nacional les imputó en un auto en el que acusó a la Comunidad de Madrid de “ocultar la reiterada e incorrecta adjudicación de eventos” a sociedades de Correa, así como de “facilitar el fraccionamiento de los contratos y simular una concurrencia entre distintas sociedades realmente vinculadas con el mismo grupo”.
El magistrado realizó esta acusación tras estudiar el informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre 686 adjudicaciones de la Comunidad de Madrid por un importe total de 6.484.080 euros. El informe determinó que en 104 casos se realizó un fraccionamiento de los contratos para que no superasen los 12.020 euros –límite legal- y no tener que sacarlos a concurso.
Entre las adjudicaciones investigadas se encuentra contratos para actos como el primer aniversario del 11-M, la visita de Bill Gates en noviembre de 2004, la firma de un convenio con el Real Madrid, la realización de un vídeo de Esperanza Aguirre y un cuadro de Alberto Ruiz-Gallardón.
El juez sitúa en el centro de esta trama de contratos irregulares al imputado Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre.
La resolución dictada por Ruz señalaba que desde el entorno de Correa “se habrían efectuado cuantiosos pagos” a López Viejo “como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid”.
Ruz detallaba que las comisiones por las adjudicaciones iban desde el 5 al 11,5% de la cuantía del contrato.
A López Viejo se le imputan delitos de prevaricación, cohecho, malversación, fraude a la Administración y contra la Hacienda Pública.
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