La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo no atraviesa su mejor momento, con graves problemas económicos y una querella por acoso presentada por una asociación de vecinos, pero hoy Ana Botella ha intentado mejorar su imagen al anunciar que el Ayuntamiento de Madrid facilitará viviendas de la EMVS a los departamentos de servicios sociales de los distritos para familias en riesgo de exclusión social.
La regidora, que ha hecho este anuncio en el Pleno del Estado de la Ciudad, dice que el objetivo es «ayudar a aquellos madrileños ante la pérdida de su vivienda, bien por un desahucio hipotecario, o por el impago de alquiler».
Pero lo cierto es esta medida se produce en medio de la polémica en la que se ha visto envuelta la EMVS después de que se publicara que tiene previsto vender casi 1.900 viviendas sociales para lograr liquidez, y de que algunas informaciones periodísticas alertaran de que pretende presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el 90% de la plantilla.
Además, los planes de colocar a inversores los pisos de la EMVS ya le han costado una denuncia a la alcaldesa ante los tribunales. Los vecinos de cinco edificios del centro presentaron en abril una querella por coacciones, estafa y delitos contra la integridad moral contra Ana Botella y dos miembros de su gobierno por el acoso que dicen estar sufriendo para que abandonen sus viviendas sociales o las compren.
Antes Botella había intentado vender dichos inmuebles situados en la calle Embajadores 46, en la calle San Cayetano 8 y 10, en la calle Madera 24-26 y en el número 16 de la Carrera de San Francisco a Renta Corporación, inmobiliaria de la que es consejero el marido de María Dolores de Cospedal, aunque se vio obligada a dar marcha atrás en la operación debido a la polémica que se suscitó.
Al ver frustrada esta venta, desde la EMVS se intentó que los inquilinos, la mayoría personas mayores, adquirieran sus pisos a un precio que ellos consideraban por encima del mercado, lo que ha provocado la querella por ‘mobbing inmobiliario’.
La asociación Yo no me voy también incluyó en su denuncia el exvicealcalde Miguel Ángel Villanueva, a la concejala de Urbanismo, María de la Paz González García, concejala de Urbanismo y a ocho directivos de de la EMVS entre ellos Fermín Osle Uranga, consejero delegado
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