El presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha denunciado hoy, que la Agencia Tributaria no está cooperando con el juez José Castro –que está instruyendo el caso contra Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres–, ya que no ha entregado los informes «independientes» que les ha pedido el juzgado sobre la infanta Cristina, sino que lo que ha hecho ha sido recoger lo que dice la Abogacía del Estado. Además avisa de que estos informes de Hacienda no los firman ni los inspectores y técnicos asignados al caso y que además, se amparan en cuestiones formales para no aclarar lo que pide el juez.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de Gestha asegura que realmente «no hay informe» de la Agencia Tributaria sobre la infanta Cristina porque lo que hace el Delegado Especial de Hacienda en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, es «referirse o copiar el de la Abogacía del Estado».
Por lo tanto, asegura que Hacienda no está ejerciendo sus funciones de «auxilio judicial». «No hay auxilio judicial», recalca en relación con el último informe que ha emitido la Agencia Tributaria sobre la infanta Cristina en respuesta a la petición del juez de que aclarara las «lagunas y contradicciones» de otro informe anterior, en relación con la posible intervención de la infanta Cristina en las presuntas irregularidades fiscales de Aizoon. En concreto, el juez Castro pedía, tal y como le había reclamado la Audiencia Provincial de Palma, que se aclarara si la Infanta pudo hacer uso de los fondos de Aizoon para la rehabilitación de su vivienda en Barcelona o para otras atenciones personales y familiares.
Sin embargo, según explica Carlos Cruzado, el informe que ha emitido el Delegado Especial de Hacienda de Barcelona se ampara, primero, en una cuestión formal al alegar que no puede desarrollar el expediente administrativo abierto sobre Aizoon –sociedad de la que es accionista la 50 por ciento la Infanta– porque hay un proceso penal en curso y que hasta que este no concluya, «no cabe emitir, ni añadir o suprimir nada del informe anterior».
Cruzado considera esta respuesta una excusa formal porque una vez que el caso está judicializado sí se puede emitir un informe para el juez que lo pide. Además, según el presidente de Gestha, la Agencia Tributaria se limita a «reproducir» lo que dijo la Abogacía del Estado, con lo que, alega, «no se mantiene la independencia que debe tener el auxilio judicial».
La Abogacía del Estado aseguró –tras el auto de la Audiencia Provincial de Palma en el que preguntaba por qué se había levantado parcialmente el velo societario de Aizoon y sólo se habían desvelado los cobros correspondientes a Urdangarín y no al otro socio que es la Infanta–, que no es cierto que la Agencia Tributaria haya levantado el velo societario de Aizoon y que en caso de que esto hubiera ocurrido los ingresos no se atribuirían a los dos socios por igual, sino a aquel que los hubiera generado. Además, alegaba que si el velo se levantara habría que prescindir de la figura societaria y por lo tanto, de los socios.
Los Técnicos de Hacienda también consideran un argumento «poco sólido» el que da la Abogacía y hace suyo Hacienda, porque, aseguran, «no es lo mismo una sociedad en la que hay 10.000 socios que una en la que sólo hay dos y además son matrimonio».
La conclusión de Gestha, tras este informe enviado al juzgado de Palma, es que la Agencia Tributaria «no coopera con el juez» Castro. Una afirmación que sustentan también en el hecho de que el primer informe emitido, que iba firmado por la directora de la Agencia, se niega al instructor del caso el nombramiento en auxilio judicial de un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, alegando que los dos inspectores que tiene asignados están suficientemente capacitados.
Para Carlos Cruzado, este informe «no dice la verdad» porque sí se puede nombrar a esa persona en auxilio judicial. «Lo que ocurre es que la directora no quiere nombrarlo», ha apostillado.
Además, califica de «sorprendente» que los dos informes entregados en el Juzgado estén firmados por la directora –el primero– y por el delegado especial de Hacienda –el segundo– y no por ninguno de los inspectores y técnicos de Hacienda que están asignados a este caso como auxilio judicial.
En su opinión, es una «contradicción» que denieguen un experto de la Agencia, nombren inspectores y al final asuman lo que dice el Abogado del Estado, del que no duda de su formación jurídica, pero precisa que la formación fiscal acreditada es la de los inspectores y técnicos de la Agencia.
Cruzado considera que a la Agencia Tributaria no le corresponde valorar si la Infanta debe o no ser imputada, sino emitir un «informe independiente» con una «valoración técnico fiscal» en relación a ella, con los datos que ha solicitado el instructor de la causa y aclarar si Cristina de Borbón ha tenido participación y colaborado en que su marido cometiera delito fiscal. Añade que luego corresponde al juez valorar los datos y decidir si hay o no imputación.
Sin embargo, insiste, a la vista de esta documentación, «la Agencia no está cumplimentando ese auxilio judicial que pide el juez».
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