Alberto Fabra quiere allanarle el terreno a Mariano Rajoy en su visita el sábado a Castellón ante los constantes escándalos de corrupción que salpican al PP de la Comunidad Valenciana. Para ello, nada mejor que ofrecerle ‘la cabeza’ de Rafael Blasco. El presidente de la Generalitat está ultimando la expulsión del exconsejero, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación o falsedad documental en ayudas al Tercer Mundo.
El PP valenciano no levanta cabeza. La sombra de la corrupción acompaña al partido allá por donde va. A las acusaciones que el juez del ‘caso Nóos’, José Castro, está vertiendo sobre Rita Barberá y Francisco Camps, hay que sumar que en el Grupo Popular en las Cortes autonómicas hay casi una decena de imputados en este tipo de escándalos. Entre ellos, Rafael Blasco.
En este escenario, Rajoy ha decidido poner fin a varios meses de ausencias en los actos que el PP ha organizado en la Comunidad Valenciana y estará este sábado en Peñíscola.
Un viaje que ha llevado a Alberto Fabra ha actuar. Según han asegurado observadores políticas de la región, el presidente de la Generalitat ya tiene preparada la expulsión de Blasco del grupo parlamentario, evidenciando así su mano dura contra la corrupción y librando así a Rajoy de tener que responder por la continuidad del exconsejero en su escañó.
La expulsión de Blasco puede ser cuestión de horas o de unos días, ya que el líder del PPCV está esperando la apertura de juicio oral para anunciar su decisión. Y es que, el exconsejero con Francisco Camps está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por su presunta participación en el ‘caso de las ONG’. Esta trama habría desviado fondos públicos destinados a ayudar al Tercer Mundo.
La Fiscalía ha solicitado para Blasco 14 años de prisión y 33 años de inhabilitación, mientras que el PSPV, que ejerce la acusación popular, va un poco más allá y ha solicitado 15 años de cárcel y otros 42 de inhabilitación.
Junto al veterano dirigente del PP valenciano, hay otros ocho diputados autonómicos imputados en escándalos de corrupción: la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el consistorio, Luis Díaz Alperi; las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; así como Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García.
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