La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que imponga una fianza de responsabilidad civil de 145 millones de euros al ‘conseguidor’ de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, y de 19 millones de euros a su esposa, Patrocinio Sierra, ambos imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
Esta petición de fianzas civiles se produjo en el marco de la nueva investigación desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de ‘sobrecomisiones’ por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, aunque el dato se ha conocido después de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla haya levantado el secreto de sumario.
Según el acta de la audiencia sobre medidas cautelares celebrada el pasado 9 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público consideró que en el caso de Lanzas «concurren los presupuestos que justifican» la solicitud de la fianza civil «con el objetivo de facilitar el mayor reintegro posible de los fondos públicos malversados».
Para la fianza, Anticorrupción toma como base los informes de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones de 3 de marzo en torno a las primas abonadas por la Junta de Andalucía por pólizas en las que el imputado, de forma indiciaria, intermedió para que las mismas fueran abonadas con fondos públicos.
Según la Fiscalía, el importe total conforme a dichos informes asciende a 103,1 millones de euros, donde se incluye «lo que se ha venido a denominar sobrecomisiones», de las que el imputado «se ha beneficiado en una cuantía de 8,6 millones, básicamente a través de su inclusión y la de su esposa como intruso», así como por «la facturación de diversas sociedades englobadas» en el entramado ‘Atrado’ y a través de sociedades vinculadas a su cuñado, Ismael Sierra.
A la cantidad reseñada de pagos de primas realizados por la Junta, Anticorrupción entiende que hay que sumar los importes que el imputado «ha venido a cobrar de empresarios que se han beneficiado de las pólizas financiadas por la Junta, permitiendo la amortización de su plantilla sin prácticamente coste para ellos».
La Fiscalía considera que dichas cantidades «habrían sido percibidas tanto en efectivo como mediante facturación de las empresas del entramado ‘Atrado’ y vinculadas a Ismael Sierra a las empresas beneficiarias de forma ilícita», ascendiendo el importe de ello a 5,4 millones. A todas las cantidades mencionadas le suma la Fiscalía el tercio legal previsto, por lo que pide una fianza de 145 millones.
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