Los registradores de la propiedad, al contraataque

El anteproyecto de reforma de los registros públicos ha levantado ampollas en varios sectores, desde sindicatos a notarios. Pero no todo son críticas, Agustín Azparren Luis, magistrado en excedencia y vocal de CGPJ, sale hoy en defensa de esta reforma, en un artículo de opinión de El País.

En virtud del texto de la reforma, los registradores pasarán a llevar, además de los registros de la Propiedad y Mercantil, el Registro Civil, el de Fundaciones, el de Últimas Voluntades y el de Seguros. Es decir, que obligará a los ciudadanos a inscribir “casi todo”, desde el cambio de domicilio a cualquier poder e incluso el testamento y los seguros.

“¿Nos podemos permitir seguir gestionando todo esto con esquemas que se idearon hace más un siglo? ¿Es racional y sostenible que los servicios propios del Registro Civil estén diseminados desigualmente por más de 8.000 oficinas? ¿Es defendible que sigamos dependiendo del soporte papel y no podamos usar ágilmente los datos en beneficio de los ciudadanos y de la propia Administración? ¿Se puede seguir obligando a miles de ciudadanos a solicitar una y otra vez certificaciones de datos para presentarlos en otra oficina pública? ¿Nos podemos permitir el lujo de que cada centro administrativo actúe por su cuenta, descoordinado de los demás? En definitiva, ¿podemos seguir ignorando un problema y aplazar más su solución?”. Agustín Azparren lanza esta batería de preguntas en su artículo, en el que se olvida curiosamente de que los problemas que plantea ya los resolvió una ley aprobada hace tan solo dos años, con el respaldo del PP.

El pasado domingo, María Ángeles Alcalá Díaz, ex directora general de los Registros y del Notariado, se preguntaba, también en una columna de opinión en el diario de Prisa, que “¿por qué reformar la Ley de Registro civil de 2011 a la que el PP votó a favor cuando estaba en la oposición?”. Alcalá recuerda que en su proceso legislativo, la ley fue discutida y negociada con los grupos parlamentarios, “también obviamente con el PP que votó a favor” y en su tramitación se aceptó una enmienda para aplazar tres años su entrada en vigor, que se produciría en 2014.

“Por eso resulta sorprendente que se quiera reformar una Ley que obtuvo el voto favorable del partido ahora en el Gobierno y de la que no pueden aducirse problemas en su aplicación, puesto que su entrada en vigor todavía no se ha producido”, apunta la ex directora general de los Registros y del Notariado, quien asegura que algunos argumentos sobre los que se basa la “supuesta modernización” del Registro civil (informatización y funcionamiento electrónico del Registro civil, racionalización de su estructura y desjudicialización) ya se incluyen en la ley de 2011 “y el primero ya está implementado desde hace años”.

Muchos sectores sociales han criticado esta ‘privatización’ de los registros, y acusan al Gobierno de dejar en manos privadas un servicio público solo porque los registradores de la propiedad, un lobby poderoso, se encuentran ahora en una situación crítica debido a la caída del sector inmobiliario. El objeto histórico de la función de los registradores (establecer los lindes y veredas) puede haber sufrido una condena a muerte. Tal vez también por Google Maps. Tienen que reinventarse y garantizarse un futuro de acuerdo a su suculenta posición social.

Los más mal pensados incluso creen que detrás de esta reforma podría estar el mismo Mariano Rajoy, que además de presidente del Gobierno es registrador de la propiedad, puesto al que volverá cuando se retire de la vida pública.

De hecho, un grupo parlamentario preguntó en el Congreso de los Diputados si Rajoy sigue perteneciendo al Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, ya que cree que, si es así, la Ley del Registro Civil que quiere aprobar a toda costa el ministro de Justicia podría suponer una “incompatibilidad con sus intereses personales”.

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