El “plan de choque” de Andalucía que permitirá expropiar viviendas a los bancos para impedir desahucios y que incluye sanciones de hasta 9.000 euros a las entidades que no alquilen las casas vacías ha dividido al PP con dirigentes a favor y en contra. Mientras que el presidente de la Comunidad de Madrid rechaza de plano esta medida, el portavoz del Gobierno de Murcia se ha mostrado de acuerdo porque “los bancos tienen que ser parte de la solución”.
“Existe una conciencia general de que las entidades financieras, en un momento como este, tiene que ser parte de la solución porque ellas han sido parte del problema”. Así se ha manifestado el portavoz del Ejecutivo murciano, el popular José Ballesta, preguntado por la solución de la Junta de Andalucía contra los desahucios.
Para Ballesta “no parece socialmente sostenible que se pretendiera, en algún momento, privatizar los beneficios y ahora socializar las pérdidas”, ya que, ha insistido, las entidades financieras “son también parte de la solución”. “En esa conciencia social existen determinadas actuaciones, las decorosas de algunos directivos de este tipo de entidades financieras que han protagonizado ejercicios decorosos a la hora de dejar sus cargos y cobrar primas y cantidades importantes”, ha remarcado el portavoz murciano, según Europa Press.
El representante del Ejecutivo de la Región de Murcia ha destacado que “nos encontramos en una situación sin precedentes que, en muchos casos, requiere medidas o soluciones sin precedentes y esta iniciativa de la Junta de Andalucía puede marcarse en este tipo de medidas o actuaciones”.
Eso sí, “cualquier medida que se adopte en un Estado de Derecho como es España tiene que habituarse a la más estricta ortodoxia legal y constitucional, en el sentido de que la Constitución consagra el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y hay que saber balancear ese derecho con otros que también consagra la Constitución, el derecho a la propiedad de los bienes que tienen todos los españoles”.
Estas declaraciones chocan de lleno con el rechazo que la medida aprobada por Andalucía ha provocado en otros dirigentes del PP. Así, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha manifestado en contra.
“Estamos en contra de todas las medidas que pongan en cuestión la defensa de la propiedad privada, por lo que toda la regulación que no garantice la defensa de la propiedad privada no la compartimos”, ha afirmado.
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El plan contra los desahucios de Andalucía divide al PP
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