La Fiscalía Anticorrupción se ha convertido en el principal instrumento del Ministerio de Justicia, que ocupa ahora Alberto Ruiz Gallardón, para intervenir en los procesos en curso. Ahora ha salido al rescate de la infanta Cristina, imputada por el juez del ‘caso Nóos’.
La imputación de la infanta ha sentado como un jarro de agua fría en el Ministerio Público hasta tal punto que su reponsable ha puesto en funcionamiento los instrumentos judiciales que tiene en su poder para evitar que la duquesa de Palma comparezca ante los tribunales el día 27 por el ‘caso Nóos’. De esta manera, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá la decisión del juez Castro al respecto.
Paradojas de la vida. Según algunos comentaristas, no siempre bien informados, resulta curioso y, probablemente más que difícil de entender para la baqueteada población que los encargados de luchar contra la corrupción parezcan actuar como ‘abogados defensores’ de algunos implicados en casos especialmente sensibles.
A lo largo de la semana, la Fiscalía presentará un recurso contra la imputación de la hija menor de Don Juan Carlos de Borbón decretada por el juez del ‘caso Nóos’ puede tener sus días contados. Entre los motivos que expondrá Anticorrupción, según han asegurado fuentes jurídicas a Europa Press, está que los indicios de Castro para tomar esta decisión “carecen de la entidad suficiente”.
De esta manera, el Ministerio Público trata de responder a una histórica imputación que se ha conocido esta mañana después de que el magistrado Castro hiciera público un auto al respecto. En él, deja claro que “parece que está fuera de discusión que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia y Don Luis Carlos García Revenga prestaron su consentimiento a que se usaran sus nombres, tratamiento y cargo”.
También explica que a partir de la declaración y los correos aportados por Diego Torres así como la versión aportada por el secretario de las infantas García Revenga “surgen una serie de indicios que hacen dudar” que la infanta Cristina “desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada”.
El juez reconoce en el auto que cada uno de los indicios “en sí mismos y aisladamente considerados carece de peso suficiente para sustentar una imputación”. Pero considera que “de su valoración en conjunto” se deduce que si bien la infanta no participó activamente en la gestión del Instituto Nóos sí dio su consentimiento a que su parentesco con el rey fuera utilizado por su marido Iñaki Urdangarín y por su socio Diego Torres.
Todo ello “a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas que (…) prescindían de los cauces y controles administrativos que eran de rigor, disfrutando junto a su marido de los beneficios obtenidos”.
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