Aunque la alcaldesa Ana Botella trata de dejar atrás el lastre del ‘caso Madrid Arena’, la investigación judicial no se lo permite y la coloca de nuevo en la cuerda floja.
La semana pasada el juez imputó a dos nuevos responsables de la empresa Seguriber y abrió una pieza separada para investigar si el Ayuntamiento falseó informes sobre la tragedia, unas graves acusaciones que vuelven a colocar a la esposa de José María Aznar en una situación de debilidad en el PP madrileño.
La posición de Ana Botella en el partido sigue siendo muy débil, y más si se tiene en cuenta que la prensa más ultraconservadora se mira con lupa todos los cabos sueldos de este caso y que ha arremetido duramente contra la alcaldesa por su incapacidad de afrontar su primera crisis de envergadura. Ya que siguen sin perdonarle que se marchara de viaje de placer a Portugal el jueves 1, el sábado 3 y el domingo 4 de noviembre, solo horas después de la muerte de las jóvenes en el Madrid Arena, y en plena crisis sobre la seguridad del edificio.
De momento, y como consecuencia de tragedia de esta noche de Halloween que acabó con la vida de cinco jóvenes, una de ellas menor de edad, la alcaldesa soltó lastre para salvar su ‘cabeza’ con tres ceses o dimisiones, pero parece que esto no es suficiente para que se acallen las voces críticas en el PP madrileño.
El primero en caer fue el concejal de Economía, Pedro Calvo, que dimitió tras ser imputado por ser presidente de Madrid Espacios y Congresos, la empresa pública municipal que alquiló el Madrid Arena para la fiesta. Un alquiler que se permitió a pesar de que el pabellón no tenía licencia de funcionamiento y de que la organizadora acumulaba deudas con la Seguridad Social.
Posteriormente, y dos meses después de la tragedia, fue destituido el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, fue destituido dos meses después de la tragedia, y por último dimitió el concejal Antonio de Guindos, hermano del ministro Luis de Guindos, quien renunció tras ser imputado por el juez, los mismo que el resto de la cúpula responsable de la Seguridad, incluido el comisario de la Policía Local, Emilio Monteagudo, al médico de la fiesta, Simón Viñals, y a su hijo Carlos.
Graves acusaciones
Pero ahora, el juez Eduardo López Palop, abre nuevas líneas de investigación de las que puede salir mal parada Ana Botella. Palop ha abierto una investigación (una pieza separada) para indagar si el Ayuntamiento le ha remitido informes con datos y fechas falseadas sobre la tragedia de la noche de Halloween. Esta nueva causa surge tras una denuncia que han interpuesto ante López Palop los abogados de dos de las cinco fallecidas, según informó El País.
La acusación que hacen los abogados de las familias de dos de las cinco jóvenes fallecidas es muy grave dado que, como recalca elsemanaldigital.com, “ha dado una vuelta de tuerca al caso que deja a los pies de los caballos a la alcaldesa de la capital”.
Pero es que, como hace notar este digital, “si se confirma la acusación de que se falsearon informes a posteriori para exculpar a la Policía Municipal, Botella estará entre la espada y la pared: si lo sabía y lo consintió, mal; si no estaba al tanto, mal también, porque fueron esos informes los que le llegaron a ella y en los que basó sus explicaciones a la opinión pública”.
Abril, un mes judicial
Además, abril será un mes ‘calvario’ para la alcaldesa debido a las numerosas comparecencias de imputados relaciones con el Ayuntamiento.
Además, el juez Palop ha citado para el próximo mes de abril a declarar como imputados a dos nuevos responsables de la empresa Seguriber por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en la fiesta de Halloween.
En una providencia dictada este lunes, el magistrado cita para el próximo 19 de abril a declarar al inspector jefe de Seguriber, Ivan Somontes Santamaría, y para el próximo 23 de abril a Antonio Díez Romero, el jefe de equipo de la empresa el día de la tragedia.
De esta misma empresa, que se encargó de la seguridad exterior del recinto el día de la trágica fiesta, citará como testigo el 19 de abril a Roberto M., una de las personas que se encontraba en el centro de control de cámaras.
Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que las nuevas imputaciones se producen conforme a las manifestaciones de los ya imputados. Así, se ha elevado a veinte el número de acusados formalmente en la causa por delitos de homicidio imprudente con motivo de la muerte de cinco jóvenes.
Asimismo, el magistrado y las partes tomarán el próximo 23 de mayo declaración como imputada a la exconcejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y actual concejal de Carabanchel, Fátima Núñez, después de que su declaración se suspendiera hace semanas.
El próximo 25 de abril comparecerán como testigos varios agentes de la Policía, mientras que el 30 de abril testificarán dos facultativos del Samur. El día 9 de mayo, declarará como testigo la jefa de la Unidad de Policía de Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez y el 16 de ese mes dos policías municipales.
De momento, el magistrado ha desestimado la petición de Manos Limpias para que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ofreciera su testimonio ante el juez en calidad de testigo. ¿Será una decisión definitiva?
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