La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha cargado duramente contra el PP, al que acusan de torpedear la ILP anti-desahucios con sus enmiendas. En ellas, el partido se ha negado a admitir la dación en pago retroactiva, aunque flexibilizan los criterios de pago y dan cabida al alquiler social.
En caso de que el contrato hipotecario contenga cláusulas abusivas, el desahucio no se paralizará automáticamente como se desprendía de la última sentencia del Tribunal Supremo sino que será el juez quien decidirá si lo frena o no. En el caso de que se produzca el lanzamiento y tras la subasta del inmueble todavía quede deuda pendiente, esta podría reducirse entre un 20% y un 35%.
El comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo. Si después de perder la vivienda, la deuda hipotecaria es de 100.000 euros y el dinero obtenido por la subasta del inmueble es 90.000 euros, el deudor tendrán dos opciones para saldar los 10.000 euros pendientes: pagar el 65% (es decir, 6.500 euros) más los intereses legales del dinero en cinco años o bien el 80% (8.000 euros más los mismos intereses) en 10 años.
Según las enmiendas del PP, que aún tienen que ser debatidas en el Congreso junto con las presentadas por el resto de grupos políticos, la paralización del desahucio y el alquiler social podrá conseguirse cuando se trate del impago de la hipoteca de la vivienda habitual y se deba a causas ajenas a la voluntad del hipotecado. Además, los ingresos de la familia no podrán superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 2013 en 532,51 euros mensuales o cuatro veces el IPREM cuando se trate de familias con especial vulnerabilidad, sobre todo con presencia de discapacitados.
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