El proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros ha levantado ampollas entre los internautas, pero también entre las entidades de gestión, como la SGAE, que creen que la norma se ha hecho a medida de las multinacionales tecnológicas, que son las que van “a dictar las reglas del juego del sector cultural”.
En un duro comunicado, las ocho entidades de gestión de derechos de autor consideran que la ‘ley Lasalle’ perjudicará a los ciudadanos al convertir en “ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada”. “Solo será legal si la copia se hace de un soporte original o de una señal de televisión pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días. Las copas que sean realizadas a través de Internet serán consideradas actos ilícitos a perseguir”, apuntan en la nota.
Por otro lado, continúan las entidades de gestión, “beneficia a las multinacionales del sector tecnológico al consolidar un modelo de copia privada que carga a los Presupuestos Generales del Estado un precio simbólico y exonera del pago, en contra de todos los criterios sentados en la UE, a los verdaderos causantes del daño objeto de indemnización: las empresas multinacionales que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por la propiedad Intelectival”.
En el anteproyecto aprobado el pasado viernes se mantiene que la reproducción por copia privada es la que lleva a cabo una persona física para su uso privado sin fines lucrativos y que no va a ser utilizada colectivamente. Pero se añade la condición de que la reproducción se realice sin asistencia de terceros, es decir, que el copista y el usuario de la copia sea la misma persona.
Por otro lado, se incorpora la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia Padawan), que excluye del concepto de copia privada a los usos profesionales y empresariales. “Este sistema se convierte en el más restrictivo y contrario a los intereses de los ciudadanos que existe en cualquier estado miembro de la Unión Europea”, afirman las entidades de gestión.
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