IU exigirá al Gobierno que preside Ignacio González que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo, que declaró ilegal el campo de golf del Canal, y le reclamará que ese espacio se devuelva a los vecinos del distrito de Chamberí.
Según adelantó a elboletin.com la portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Carmen Villares, lo que se pretende es que el espacio del campo de golf vuelva a los vecinos, que se “revierta” la operación, y admiten su intención de “plantear batalla” ante el anuncio del equipo de Ignacio González de aprobar un nuevo plan de urbanismo para legalizar la polémica instalación deportiva privada.
Y es que La Comunidad de Madrid ya ha anunciado su intención de tramitar un plan general de infraestructuras para adecuar a la legalidad urbanística la situación del campo de golf del Canal de Isabel II, después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal.
A finales de febrero, el Alto Tribunal dio la razón a los vecinos sobre el campo de golf que la Comunidad de Madrid construyó en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II apelando al interés general.
El fallo del Supremo desestimó el recurso interpuesto por el Gobierno regional contra la sentencia de enero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y considera que la administración no siguió los requisitos legales para la edificación de la infraestructura.
El Alto Tirbunal da de esta forma la razón a la asociación de vecinos El Organillo y anula la declaración de interés general utilizada por la Comunidad para llevar adelante el proyecto, una vez que el Ayuntamiento le denegó la licencia por no contar con los requerimientos urbanísticos pertinentes.
La sentencia, contra la que no cabe recurso, reza que “el acudir a una facultad excepcional -el de interés público- como la presente requiere un especial rigor en la justificación de su ejercicio, que no cabe apreciar en este caso, pues la motivación que se ha querido dar para la actuación examinada resulta ciertamente insuficiente”, tal y como informó en su día Europa Press.
El Supremo dio un fuerte correctivo al Gobierno madrileño ya que en el auto se acusa a la Comunidad de “sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística”. “La Administración de la Comunidad de Madrid debería haber justificado las razones de excepcional interés público que le llevaban a realizar e imponer un proyecto distinto del legal y diferente también, como ha sido el caso, de aquél primitivo para el que sí obtuvo una primera licencia de obras”.
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