Ignacio González quiere evitar por todos los modos tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Por ello ha ‘chantajeado’ al Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro con la excusa de “atender cuanto antes sus obligaciones frente a los proveedores” para que permita a la Comunidad de Madrid una nueva emisión de deuda. También le reclama que anuncie ya la cifra total que la región podrá colocar este año.
El sucesor de Esperanza Aguirre en el Gobierno madrileño quiere aprovechar el tirón que la comunidad tiene en sus salidas al mercado para dar un balón de oxígeno a sus arcas y dar así esquinazo al temido rescate. Apenas unas semanas después de que emitiera con éxito 2.270 millones de euros, Madrid quiere volver a colocar deuda, aunque antes necesita del visto bueno de Hacienda, reacia a tantas emisiones autonómicas.
En el Consejo de Gobierno regional celebrado ayer, el número dos de Ignacio González y consejero de Presidencia, Salvador Victoria, exigió al ministro Montoro que le autorice a una nueva colocación de cerca de 1.300 millones. La excusa: “atender cuanto antes a sus obligaciones (las del Ejecutivo madrileño) frente a los proveedores”.
“Cualquier obstáculo o retraso en este proceso iría en contra del pronto pago a proveedores, algo que ningún gobierno desea”, aseguró Victoria en un intento por entrever que de no poder emitir deuda la culpa de no poder pagar a estos proveedores sería de Hacienda.
A esta reclamación, desde el Gobierno de González se ha exigido la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera “para autorizar con vigencia inmediata todo el endeudamiento nuevo del ejercicio”. Es decir, saber cuál es la cifra total que Madrid podrá colocar este año y administrarlo a su gusto. La defensa de esta propuesta sigue siendo la misma: “poder obtener rápidamente la financiación y poder atender con la mayor celeridad a los proveedores”.
De esta manera, el sucesor de Aguirre quiere sacar tajada de la extrema debilidad en la que se encuentra Montoro ante la polémica que está creando su medida estrella: la amnistía fiscal, a la que se habría acogido un imputado en el Gürtel.
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