Los empleados públicos siguen adelante con su lucha contra la decisión del Gobierno de suprimir la paga extra de Navidad. Tras realizar multitud de manifestaciones y protestas contra esta medida, los funcionarios han anunciado que darán un paso más al reclamar el abono de esta retribución en los tribunales, por la vía contencioso-administrativa.
La Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados Públicos será la encargada de reclamar la paga extra de los funcionarios ante la Justicia. Según ha informado UGT en una nota, este organismo está decidido a “agotar todas las vías legales de reclamación para que se haga efectiva la restitución de un derecho salarial consolidado para el conjunto de los empleados públicos en nuestro país”.
De esta forma, la Plataforma iniciará esta nueva vía de reclamación general a partir del próximo 15 de enero “con la interposición de recursos previos a la vía contenciosa administrativa para el personal de Administración General de Estado, Correos, Sanidad y Educación a escala estatal”. Asimismo, para el personal dependiente de comunidades autónomas y ayuntamientos “se iniciarán los procesos una semana más tarde”, indica el comunicado de UGT.
Los sindicatos indican que la supresión de la paga extra de navidad supone una “quiebra total y absoluta de los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y de seguridad jurídica proclamados en el art. 9.3 de nuestra Constitución, así como del principio de confianza legítima”.
El pasado mes de octubre la Plataforma se reunió con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para solicitar que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad a la eliminación de este derecho, ya que entendía que con esta decisión el Gobierno no sólo rompía el consenso social, sino que lo hacía indiscriminadamente y de manera unilateral, renunciando a hacer el recorte por tramos y perjudicando así a los empleados públicos que menos cobran.
La interposición del recurso fue rechazada, aunque Becerril dictó una serie de recomendaciones destinadas a amortiguar el impacto del perjuicio: que la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios no fuera total y que comenzara a aplicarse en el momento de la publicación del Real Decreto Ley 20/2012 del 15 de julio, considerando que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado.
También exhortó a que se concretara la forma en que se compensaría a los funcionarios por las cantidades suprimidas (reingreso en un plan de pensiones a partir de 2015), puesto que no todos los empleados públicos disfrutan de planes de pensiones o contratos de seguro colectivo.
La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ignoró dichas recomendaciones, indica el comunicado, por lo que ahora los funcionarios irán a los tribunales a reclamar su paga extra.
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