Gallardón quiere que los abogados de oficio dejen de ser gratuitos
Sin haber cerrado aún la ‘guerra’ de las tasas, el ministro de Justica, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha emprendido la siguiente batalla. Ahora quiere que la mayoría de los ciudadanos paguen a los abogados de oficio.
Esta sería, al menos, la filosofía de un nuevo Anteproyecto de Ley al que ha tenido acceso la agencia Europa Press y en virtud del cual se obligaría a los ciudadanos a pagar los honorarios de los abogados de oficio, en el caso de que, tras la corrrespondiente revisión, su perfil no estuviera incluido en el grupo de quienes sí tienen derecho a la justicia gratuita.
Cuando la nueva ley entre en vigor, los solicitantes adquirirán el compromiso previo sin necesidad de acreditar previamente que carecen de recursos para pagarse su asistencia legal. Pero, en el caso de que, psoteriormente, el derecho no le sea reconocido tendrá que hacerse cargo del gasto.
Entre los servicios incluidos en esta modalidad que el Gobierno planea introducir están la representación gratuita de abogado y procurador, el coste de la mediación, la exención del pago de tasas, la inserción gratuita de anuncios o edictos, la asistencia pericial y la obtención de copias, testimonios o actas notariales.
Los colegios de abogados se encargarán de comprobar la veracidad del patrimonio y la renta que haya declarado el solicitante.
Otra novedad del anteproyecto es que, en el caso, de que la sentencia final del proceso obligue al beneficiario de la Justicia Gratuita a pagar las costas, el ciudadano tendría que pagarlas si se da la circunstancia de que su fortuna mejora en los cuatro años siguientes. Una posibilidad que se daría si en ese periodo de tiempo sus ingresos brutas superan el doble de los limites establecidos para tener derecho a que el Estado se haga cargo de la factura.
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