La imposición de tasas para poder acudir a la Justicia por parte del ministro Alberto Ruiz-Gallardón no ha gustado a nadie. No sólo al sector judicial. También ha cosechado el rechazo frontal de colectivos de muy diferente índole: asociaciones de consumidores, feministas o víctimas de accidentes de tráfico. Hasta dentro de su propio partido le llueven las críticas.
La última ha sido de presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha señalado que hay «determinadas tasas» judiciales que deberían «ser reconsideradas en su volumen, importe y cuantía».
Jueces, fiscales y abogados se han unido para mostrar su oposición a una ley que consideran que vulnera la igualdad de todos los españoles. Ayer acordaron unir sus fuerzas durante un encuentro entre Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, que integra las principales asociaciones de magistrados y fiscales. Su objetivo es intentar que el Tribunal Constitucional se pronuncie contra la norma.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas también se ha pronunciado en contra de las tasas al entender que perjudicará a las víctimas que sufren violencia de género. Precisamente, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ya ha advertido que la ley supondrá “un freno” para que las mujeres que la sufran “rompan el vínculo con su agresor”.
De la misma manera, para algunas organizaciones feministas, como la Comisión de Investigación Malos Tratos a Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, la de Mujeres Jóvenes, y la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres la norma perjudicará “de forma gravísima a las mujeres y en especial a las mujeres víctimas de violencia de género”.
Las asociaciones de consumidores también advierten de la repercusión negativa que tendrá la norma. La OCU sostiene que ataca de forma frontal el derecho a la tutela judicial efectiva y que supone “la defunción de la protección de los derechos de los consumidores”. En la misma línea, Facua-Consumidores en Acción denuncia que las tasas supondrán “la implantación efectiva de una justicia para ricos y otra para pobres”.
Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico también han mostrado su indignación por la ley de Gallardón al estimar que implica “la introducción de un requisito económico para reclamar indemnizaciones por parte de las víctimas de un siniestro”.
También la asociación de gestión de multas DVuelta ha criticado la medida puesto que “salvará a la Administración de tener que devolver a los ciudadanos decenas de millones de euros”, ya que muchos desistirán en sus reclamaciones por el elevado importe que deben pagar antes.
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