La Audiencia autoriza la manifestación de mañana a favor de los presos de ETA

La Audiencia Nacional ha decidido no prohibir la manifestación convocada mañana en San Sebastián por la plataforma Herrira a favor de los presos de ETA. El Tribunal considera que la marcha, que coincidirá con el inicio de las fiestas de San Sebastián,

La Audiencia desestima así las peticiones presentadas por la Asociación Dignidad y Justicia, y la Asociación de Víctimas de Terrorismo, con base a las razones que exponen en sus respectivos escritos, que querían que se acordara la prohibición de la manifestación en San Sebastián de mañana que, con el lema “Todos los derechos humanos. Euskal presoak Euskal herrira”, ha convocado la plataforma “Herrira”, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Sebastián, a las 17:30 horas y la movilización posterior que pretenden desarrollar en las inmediaciones de la playa de la Zurriola.

Ambos colectivos pedían la prohibición de este acto por presumir que se aprovecharían para enaltecer el terrorismo de ETA y/o la trayectoria criminal de algunos de sus integrantes como el caso del condenado por secuestrar a José Ortega Lara, Iosu Uribetxebarria Badiola, internado en el Hospital Donostia de esa localidad vasca.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional entiende que no se puede prohibir la manifestación “pues no se aprecia que la convocatoria tenga por objeto apoyar el terrorismo o a los terroristas, sino realizar ciertas reivindicaciones de carácter meramente penitenciario”.

El juez Eloy Velasco Núñez considera que estas reivindicaciones “surgen como consecuencia de la reciente sentencia (no firme) y adoptada por unanimidad por la sala tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideró que la aplicación de la llamada doctrina “Parot” en el caso de la etarra Inés del Río Prada vulneraba el Art. 7 CEDH- principios de irretroactividad y legalidad- y que tildó de “irregular” la duración de la pena, instando a ponerla “en libertad en el plazo más breve posible”, lo que en su día podría arrastrar consecuencias jurídicas semejantes para al menos aquellas ejecutorias similares derivadas de la aplicación del Código Penal de 1973, y después de las últimas resoluciones conocidas en torno a ciertos beneficios penitenciarios otorgados a ciertos presos de ETA”.

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