Cáritas se ha unido hoy a las críticas que numerosos colectivos han vertido en las últimas horas contra la pretensión del Gobierno de cobrar 710 euros a los inmigrantes ilegales por acceder a la sanidad pública. La organización humanitaria de la Iglesia católica considera que esta medida supone el inicio de un sistema sanitario paralelo que pone en cuestión los derechos humanos.
En un comunicado, la entidad indica que esta nueva medida que quiere implantar el Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato dejará en una situación de desprotección al colectivo de ‘sin papeles’, los más vulnerables, por lo que “insta al Gobierno” a hacer “una reflexión profunda sobre las consecuencias” que esta decisión tendrá sobre “el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta nuestra sociedad”.
Cáritas, que ha mostrado “su honda preocupación por el impacto que va a tener” la exclusión de los inmigrantes ilegales del Sistema Nacional de Salud a partir del 1 de septiembre, ha indicado que esta medida supone “un cambio de modelo” que “afecta a las personas más desprotegidas” y aumenta “la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social”.
Esta organización ha defendido también que “la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo” que “no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia”. Por ello, critica el discurso defendido por el Gobierno, en el que los ‘sin papeles’ que “conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual”.
Cáritas cree que esta medida dará comienzo a “una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca”.
Señala que “de manera no explícita se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables”, una fórmula hacia la que Cáritas ha manifestado su rechazo por poner en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la población, además de poco realista en cuanto a la eficiencia y el ahorro.
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