UPyD ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de no intervenir judicialmente Bankia. La líder de la formación magenta, Rosa Díez, asegura que “es una ingenuidad afirmar que el actual Consejo de Administración de la entidad es independiente del anterior”.
Díez ha criticado, a través de la página oficial de UPyD en Facebook, la decisión de la Audiencia Nacional porque “adolece de un excesivo formalismo e ignora que la función del Derecho y, especialmente el penal, es la averiguación de la verdad material”.
Según la dirigente, no hay independencia entre este Consejo de Administración y el anterior porque “es de sobra conocido que los políticos que nombraron y controlaban a Rato y al anterior Consejo son los mismos que nombraron al actual y los primeros interesados en que no se conozca la verdad ni se depuren responsabilidades”.
UPyD asegura que “existen numerosas evidencias de la falta de autonomía de los actuales gestores de Bankia y por ello es necesario aplicar la teoría del ‘levantamiento del velo’ a fin de evitar ficciones como la de la supuesta independencia y colaboración con la Justicia de Bankia”.
Y “otro tanto puede decirse del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), actual propietario Bankia desde su nacionalización, que no responde a la protección de los intereses generales sino al de los partidos políticos que lo controlan”, explica Rosa Díez.
La líder de la formación magenta está convencida de que “la única forma de evitar la destrucción de pruebas y proteger los intereses de trabajadores, accionistas y acreedores de Bankia es mediante una intervención judicial de la misma”, por lo que asegura que UPyD agotará todas la instancias judiciales posibles para lograrlo.
El 15M se lo piensa
Por su parte, el 15M, que es acusación particular en el caso en representación de varios accionistas del banco, está analizando el auto de Andreu y aún no ha decidido si recurrirá.
Tal y como han indicado los indignados a través de Twitter, “nos reservamos el derecho a recurrir esta decisión en el momento más adecuado para nuestros intereses estratégicos”. No obstante, aseguran que están “al pie del cañón” y que aprovecharán “todo resquicio legal para hacer justicia”. “Los culpables pagarán por sus delitos, con o sin intervención”, ha sentenciado el colectivo.
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