Tras el recorte del 76% de la plantilla de Radio Televisión Valenciana, Alberto Fabra ha puesto ahora su mirada en el transporte público para acometer un nuevo ajuste. El presidente de la Generalitat presentará nuevas medidas de ahorro para la empresa que gestiona el metro y el tranvía de Valencia y Alicante en octubre.
Alberto Fabra no para. El presidente valenciano ha puesto todos sus esfuerzos en acabar con los problemas que afectan a las arcas públicas autonómicas y reducir el déficit, por lo que tras presentar un ERE en RTVV con el que despedirá a 1.295 profesionales de la información ya ha fijado su nuevo objetivo: el transporte público.
La gestora del metro y el tranvía de Valencia y Alicante, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) tiene ya en su poder el informe encargado a la consultora independiente Improven para reducir costes en el transporte público. Esta empresa ha elaborado un plan de viabilidad que será revisado y entregado por FGV al Gobierno regional en las próximas semanas con el objetivo de que Fabra lleve a cabo el redimensionamiento de la compañía en octubre.
Este plan, que supondría el segundo mayor ajuste del sector público en la Generalitat según recoge la prensa valenciana, incluye una reducción de los costes salariales con rebajas generalizadas de sueldos o el despido de parte de la plantilla. También propone la privatización de servicios que actualmente presta el personal de FGV, como el mantenimiento mecánico y eléctrico de los trenes.
Aunque los primeros ajustes en la gestora del transporte público valenciano comenzaron hace años. El Gobierno valenciano optó primero por reducir la aportación que destina el a la empresa, que se ha reducido un 11% en los últimos cuatro años, desde los 142 millones en 2009 a los 126 del presente ejercicio, y por prescindir de las contrataciones temporales con las que se cubrían las bajas, con lo que han ahorrado unos 16 millones de euros en tres años.
Unas medidas que se han mostrado insuficientes para contener las pérdidas de la empresa, que superan los 190 millones de euros anuales, por lo que ahora Fabra se plantea acometer recortes mucho más drásticos. Todo apunta a que los principales afectados será la reducción del área de oficinas y la externalización del mantenimiento, lo que ahorraría a la Generalitat 32 millones de euros en concepto de nóminas.
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