La decisión del Tribunal Constitucional luso de anular la parte del programa de recortes previsto para el Gobierno del conservador Pedro Passos que afectaba a los sueldos y las condiciones laborales de los funcionarios portugueses es toda una advertencia para Rajoy. Algunas asociaciones de trabajadores de la administración estudian llevar a cabo una iniciativa similar contra los ajustes que, previsiblemente, el Gobierno español decretará en el Consejo de Ministros del viernes.
Para buena parte del colectivo funcionarial algunas decisiones, como los aumentos de horario son aceptables. Más o menos, pero tras varios recortes de sueldo acumulados, tanto en las retribuciones fijas como en los complementos, la posibilidad de perder una paga extra resulta sencillamente inaceptable. Llegados a ese punto, según creen algunas fuentes sindicales, la movilización esta servida.
Y no precisamente desde las organizaciones como CCOO o UGT que se definen como sindicatos de clase. Sobre todo, sería un movimiento en el que se situarían a la cabeza las asociaciones profesionales, según creen algunos observadores.
La desafección de este grupo con el Gobierno tiene también alguna raíz gremial. Al fin y al cabo, muchos de los ministros, e incluso el propio presidente, Mariano Rajoy, son altos funcionarios que aprobaron la correspondiente oposición en unas pruebas muy duras. Por eso no acaban de entender que en lo tocante a los recortes que le corresponde soportar a los trabajadores del Estado se trate igual a los que consiguieron la plaza en propiedad que a los laborales.